BARTOMEU PICORNELL
Pedro J. Ramírez ha propuesto al Ministerio de Medio Ambiente
transformar la piscina que gestiona en una instalación
«ecológicamente sostenible», que de manera muy restringida podría
ser visitada por los escolar de Son Servera en determinados
momentos del año. A cambio, el gestor reclama el uso privativo
durante las vacaciones estivales «en compensación por el abono del
canon concesional y por las inversiones y gastos de mantenimiento
generados por el programa de uso público descrito».
Ramírez explica que «este proyecto de regularización responde, además, a la filosofía vigente en importantes países democráticos en los cuales algunas familias facilitan el acceso público a sus lugares de residencia, de forma restringida y en determinadas épocas del año, a cambio de algunas ventajas que suelen ser de carácter fiscal, y que en este caso consistiría en una concesión».
Eso sí, el director de «El Mundo» no quiere de ninguna manera que pueda ejercerse el derecho de paso por la parcela de dominio público que ocupa. Exige que la prohibición expresa del «acceso a los terrenos de la concesión y el paso a través de los mismos de todas las personas no comprendidas en el colectivo de usuarios definido en el proyecto».
La existencia del proyecto representa de forma explícita la irregularidad cometida durante seis años por el uso privativo del espacio público. En él, se lee que «la actual piscina de agua dulce se transformará en una piscina de agua de mar con el objetivo de no consumir un recurso especialmente escaso en las Balears como es el agua potable».
Ramírez no escatima detalles y añade que «el suministro de agua del mar se proyecta mediante una bomba sumergida que operará con energía solar». Para que no haya dudas, explica que «la generación de la energía necesaria para la bomba sumergida provendrá de cuatro paneles fotovoltáicos».
Ramírez se ofrece para que esta «piscina ecológicamente sostenible» sea visitada «en sesiones de dos horas, durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, que son los meses del curso más propicios para las actividades al aire libre».
El compañero sentimental de Agatha Ruiz de la Prada argumenta que la piscina será «un elemento didáctico que permitirá comprender la problemática medioambiental y un estímulo de la sensibilidad en esta área». La «función educativa» se completaría con «la instalación de uno o diversos paneles didácticos sobre sostenibilidad medioambiental previamente seleccionados de acuerdo con las autoridades locales».
Además, «el gestor de la concesión se compromete también a entregar a cada escolar como recuerdo una selección de los mejores reportajes gráficos y páginas medioambientales» que ha publicado «El Mundo».
Fiol avala
Ramírez ha encontrado en el conseller d'Educació, Francesc Fiol, un
avalista. El gestor de la piscina ha remitido al Ministerio de
Medio Ambiente un documento firmado por Fiol, quien se manifiesta
partidario de establecer un convenio de colaboración. El político
mallorquín «no ve inconveniente» en firmar un convenio para que los
alumnos de Son Servera puedan realizar visitas y puedan conocer
aspectos de carácter medioambiental.
Para evitar el ejercicio del derecho de paso por el dominio público que ocupa, Pedro J. Ramírez insiste de manera constante en la cuestión de la seguridad. Mantiene que las amenazas de las que se siente víctima han adquirido «unos perfiles de intensidad y de gravedad notoriamente mayores a raíz del descubrimiento por el Ministerio del Interior y ulterior comunicación al gestor de la concesión de la posesión por miembros de un comando de ETA de datos concretos sobre él y sobre su familia resultantes de observaciones y de seguimientos recientes».
Por ello, el periodista exige que «la resolución que finalmente apruebe el presente proyecto de uso público tendrá que precisar con toda claridad que queda prohibido el acceso y el paso por los terrenos objeto de la concesión».
Ramírez se presenta como víctima de una campaña en Mallorca e ignora el hecho de que todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, han adoptado una posición contraria al uso irregular que se hace de la concesión. Ignora que el GOB ha presentado un recurso que exige la nulidad de la concesión.
El Ministerio de Medio Ambiente todavía no se ha pronunciado sobre el proyecto de regularización que ha presentado el periodista.