El equipo de gobienro (PP-UM) lo tiene claro. No rectificará en el tema del Casal de Jóves. Éste se ubicará en el inmueble de la calle Pedro Antonio Servera, propiedad de la Iglesia y en él no se podrán llevar a cabo «actos, actividades o manifestaciones que ofendan o atenten contra los fines de la iglesia católica». El PP defiende que esto es legal y lo hace avalado por un informe jurídico.
Así lo expuso el alcalde Damià Ripoll en el último pleno, donde el equipo de gobierno acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por EU-EV contra el acuerdo de pleno de 9 de enero en el que se aprobaba el convenio con la Iglesia para hacer un centro de jóvenes. EU-EV interpuso el recurso porque consideraba que una de las cláusulas del convenio eran «ilegales», partiendo de la base que «toda administración pública debe ser aconfesional», «no se puede permitir que la iglesia marqué lo que se ha de hacer en un Casal de Jóves y que en caso de conflicto resuelva el vicario episcopal», según Conxi Peña.
El alcalde comentó que «hemos encargado un informe jurídico del que se desprende que el convenio es legal». Peña dijo que «el tema está en manos de nuestros juristas para ver como procedemos ante la desestimación del recurso».