El sindicato UGT reunió ayer por la tarde a los trabajadores de la empresa en una asamblea celebrada en Inca para explicarles el plan de trabajo que emprenderán estos días y que abarca diferentes ámbitos. «Hemos ideado un plan de acción que incluye pedir una inspección de trabajo, continuar con las demandas en el juzgado de lo mercantil, reunir pruebas para una querella criminal, entablar conversaciones con el Govern e ir informando a los trabajadores de la situación actual», explicó ayer el representante sindical de UGT, Manuel Pelarda.
En este sentido, el sindicato insterpuso ayer una denuncia contra los administradores concursales de la empresa con la que piden a la Inspección de Trabajo que actúe.
Por un lado, el sindicato advierte que los trabajadores de la fábrica de Llucmajor no han cobrado los sueldos correspondientes al mes de febrero, mientras que las plantillas de los dos centros de producción ubicados en Inca sí lo han hecho. Una circunstancia que los representantes de los trabajadores creen es premeditada ya que los administradores concursales han solicitado recientemente al juez de lo Mercantil el cierre del centro productivo de Llucmajor y deoutlet ubicado en este municipio.
UGT ha puesto también en conocimiento del fiscal la subcontratación de trabajos por parte de Yanko a otra empresa, Bercisa SA, para fabricar un pedido de 250 pares de zapatos encargados por la marca Vitorio y Luchino. UGT cree que esta subcontrata es ilegal al haberse realizado enmedio del concurso y del expediente de regulación de empleo y sin informar en ningún momento a los representantes de los trabajadores.
Además de esta denuncia, UGT también ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil cinco alegaciones a las decisiones adoptadas por los administradores concursales. UGT argumenta que no tiene sentido plantear ahora la extinción de la empresa cuando hace un mes se hablaba sólo de suspensión de pagos. Cabe recordar, en este sentido, que recientemente los administradores concursales de la empresa de calzado han propuesto al juez el despido de 123 trabajadores para reducir la plantilla a un total de 50 trabajadores que estarían ubicados en uno de los centros de Inca. Los administadores aducen que las pérdidas acumuladas por la empresa superan los 5.063.388 euros.