JOAN RIERA
El Consell «no tendrá más remedio que actuar para imponer la
disciplina urbanística» si se produce una denuncia ante la
institución sobre el caso Omniprint, que es la planta ilegal
propiedad de los editores del diario El Mundo-El Día de Baleares en
el polígono de Son Llaüt, de Santa Maria.
La alcaldesa Rosa Vich (PSM) ha admitido la ilegalidad de la planta, cuya altura sobrepasa en siete metros el máximo de diez previstos por el plan parcial. Sin embargo, no ha presentado una denuncia ante la institución insular para que se abra el correspondiente expediente de revisión de obras.
Fuentes oficiales del Consell indicaron que «aunque el Ajuntament mire hacia otro lado, la denuncia de un particular es más que suficiente para que podamos intervenir». De hecho, la institución insular ya ha actuado en casos parecidos de indisciplina urbanística y ha abierto expedientes de revisión de obras sobre todo en Andratx y Santa Margalida. «En la mayoría de los expedientes en que actuamos se trata de edificaciones en suelo rústico que exceden las dimensiones legales. En este caso encontramos también que han construido bastante más de lo que podían».
En situaciones de exceso de edificabilidad, el Consell ordena a los propietarios derribar la parte del edificio que «sobra» y que queda fuera de la normativa vigente. Omniprint supera en un setenta por ciento lo que establecen las normas en vigor, lo que incrementa mucho el valor de la nave pero supone un gran impacto para la zona.
La planta tampoco tiene licencia de final de obra, ni licencia de actividades. Por añadidura, el Consell «no tiene constancia» de que posea el proyecto de urbanización, según afirma el conseller d'Ordenació del Territori, Bartomeu Vicens, quien no se quiso extender más en la cuestión «hasta que sepamos exactamente qué pasa, ya que la información que nos ha suministrado el Ajuntament es prácticamente nula».
En este sentido, Vicens pidió que «no me pregunte qué hace el Ajuntament con esta cuestión porque, para nosotros, ahora mismo es una nebulosa». Aún admitiendo su ilegalidad, el Ajuntament permite el funcionamiento de Omniprint.
La planta impresora tiene participación de la sociedad madrileña Unedisa y del grupo turístico fundado por Gabriel Barceló. Ambos son propietarios de la edición local de El Mundo.
Ante ilegalidades de este tipo, el Consell siempre se interesa cuando se produce una denuncia y no de oficio «por respeto» a los ayuntamientos.