ANTONI MATEU
La alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich, admitió ayer que la planta
impresora Omniprint es ilegal. Esta planta, propiedad de los
editores del diario «El Mundo-El Día de Baleares», que se imprime
allí, no tiene licencia de actividades, ni documento de final de
obras, y la altura de la nave es superior a la permitida.
Vich había afirmado en junio de 2005 que «desde el Ajuntament se hace todo lo posible para que la planta tenga licencia de instalación y apertura». La realidad, sin embargo, es que el Ajuntament no sólo no ha regularizado la situación, sino que admitió la ilegalidad y permitió la actividad de esta planta impresora del polígono de Son Llaüt. La rotativa tiene participación de la sociedad madrileña Unedisa y del grupo turístico de Gabriel Barceló, ambos propietarios de la edición local de «El Mundo».
Aparte de la falta de licencias, esta nave excede en siete metros el máximo de altura permitido por la ley. En este sentido, la batlessa Vich dijo que «hace cosa de un par de años la Sala intentó un procedimiento para regularizar este hecho, teniendo en cuenta que la maquinaria que incluye necesita esta altura». También aseguró que «no puedo recordar si la resolución de aquel procedimiento fue favorable o negativa».En este sentido, fuentes oficiales del Consell de Mallorca afirmaron ayer que «efectivamente, en el año 2001, el Ajuntament de Santa Maria inició un procedimiento para legalizar la altura de 10 metros y de 16 en algún caso. Pero no acabaron esta tramitación, que se extinguió sola, y, en ningún caso, pidieron la preceptiva aprobación del Consell».
Sin la autorización de la institución insular no puede incrementarse la altura permitida de la planta impresora. Y «de todas formas no llegó la petición de aumento de altura, porque era completamente ilegal».
El concejal de Llucmajor Joaquín Rabasco denunció la ilegalidad de Omniprint en el juzgado. Rabasco pidió al juzgado que decretara el cierre cautelar hasta que se legalizara la situación.
La planta de Omniprint no dispone del suministro eléctrico que es obligatorio para instalaciones de estas características.
La manera como desarrolla su actividad Omniprint ha dejado boquiabiertos a los expertos urbanísticos. Ayer, en medios del Consell de Mallorca había muchos comentarios en torno a la «sorprendente» actuación del Ajuntament de Santa Maria, gobernado por el PSM, que no ha puesto en conocimiento de la institución insular las irregularidades, que son de dominio público.