A.G.
La sociedad Omniprint ha reconocido en los juzgados que su planta
impresora funciona sin licencia de apertura ni de actividad y que,
además, la altura de la nave es superior a la que permiten las
ordenanzas de Santa Maria para el polígono de Son Llaut. En esta
planta ilegal, que funciona desde hace unos cuatro años, trabajan
48 personas.
Joaquín Rabasco, presidente de ASI y edil de Llucmajor, denunció la ilegalidad de la industria Omniprint, propiedad de los editores del diario «El Mundo-El Día de Baleares», el pasado mes de junio ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Antes, la alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich, le confirmó que la planta carecía de permisos. El concejal de Llucmajor pide ahora al juzgado que decrete el cierre cautelar hasta que se legalice la situación.
En el pliego de alegaciones ante el tribunal, Omniprint reconoce su situación irregular, pero pide al juez que exija a Rabasco una fianza de ocho millones de euros por si se produce el cierre y resulta después que no está justificado. La empresa asegura también que la denuncia de Rabasco ha sido realizada con «notoria temeridad». Reconoce que carece de permisos, pero justifica que se encuentran «en proceso de tramitación». Asimismo, atribuye sus irregularidades urbanísticas a un problema general del suministro eléctrico.
Sobre el hecho de que la nave sobrepase en siete metros la altura permitida, según la denuncia, Omniprint se limita a alegar que el techo de 17 metros es necesario para «dar cabida a las máquinas de impresión». Omniprint es una empresa participada por la sociedad madrileña Unedisa y el grupo turístico de Gabriel Barceló, que son los propietarios de la edición local de «El Mundo», que allí se imprime. Barceló, fundador de la publicación, es el «presidente de honor».
Rabasco denunció la situación ilegal de Omniprint al sentirse «acosado» por el citado periódico, que exigió, por su parte, el cierre cautelar de la discoteca Megapark, de s'Arenal, por un problema urbanístico similar. Megapark cerró y acometió las obras necesarias de regularización a raíz de aquella denuncia.