A.G.-PALMA
La jueza de Manacor Elena Lillo ha solicitado al juzgado decano de
Madrid que se tome declaración en calidad de imputado a Emilio
Gutiérrez Hermoso, jefe de escoltas del periodista Pedro J.
Ramírez, por los hechos acaecidos el pasado mes de agosto en la
piscina de Costa dels Pins.
El abogado Josep de Luis, en representación de ERC, EU-Els Verds, PSM, Lobby per la Independència y la asociación ecologista GADMA, presentó denuncia contra Gutiérrez Hermoso y dos guardas jurado por obstruir, con violencia, el paso por la zona del dominio público situada delante del domicilio de Ramírez. El periodista madrileño también fue denunciado aunque, de momento, la jueza no le ha llamado a declarar.
Fuentes de la acusación están interesadas en saber de quién recibió órdenes Gutiérrez Hermoso, y por qué sujetó contra la barandilla de la piscina al dirigente independentista Jaume Sastre.
La jueza, asimismo, ha requerido al Ministerio de Medio Ambiente para que le informe de la «publicación oficial» de la concesión que permite a Ramírez hacer uso de la instalación. Fuentes de la Dirección General de Costas aseguraron ayer a este periódico que aún no han recibido el oficio, que lleva fecha del 9 de enero.
Como se sabe, Ramírez y sus escoltas también han presentado denuncias por allanamiento de morada, amenazas, coacciones y lesiones. Todos los demandados ya han prestado declaración en el juzgado de Manacor, a excepción de Joan Puig, diputado de ERC.Ramírez denunció a Puig ante el Tribunal Supremo por participar en los hechos, y al delegado del Gobierno, Ramon Socías, y a la Guardia Civil, por omisión del deber de socorro. Desde el gabinete de prensa del tribunal señalaron a este periódico que la querella criminal de Ramírez tuvo entrada en la Sala Segunda el pasado mes de agosto, sin embargo no supieron explicar si ha sido archivada o admitida a trámite. En este último caso, los acusados aún no han recibido la notificación.
Ramírez considera que existió un «asalto» a su domicilio particular. Puig y el resto de personas sostienen que el periodista y los escoltas les impidieron el paso por el dominio público marítimo terrestre de manera ilegítima.