El Gobierno abre las puertas a la privatización en la Costa dels Pins

A.G.
La Delegación del Gobierno en Balears ha realizado un informe que abre las puertas a la práctica privatización del dominio público ubicado junto a la vivienda del periodista Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins por razones de «seguridad». El informe de la Delegación reconoce que «no hay elementos físicos que separen la propiedad privada de la zona de dominio público». Pero al existir una concesión, pide al Ministerio de Medio Ambiente «la regulación del uso público» porque de ese modo se quedarían «sin coartada» los partidos políticos y organizaciones cívicas que reclaman el derecho de paso y la utilización de la piscina y el solarium allí existentes.

De hecho, la Delegación del Gobierno apuesta por el uso restrictivo de la costa porque Ramírez «es un personaje público amenazado por ETA» y porque «es muy difícil que esta zona se utilice como paso, ya que no hay continuidad, y la única función sería acceder a la piscina». Esto permitiría que «los futuros usuarios sean identificados» para «preservar» la seguridad del «concesionario», término con el que es identificado el periodista madrileño. Por lo que respecta a la servidumbre de tránsito, el informe pide al Ministerio que «dictamine por dónde debe transcurrir dicho paso, para que tenga continuidad y no sea un camino sin salidas posibles».

El informe dice que «no puede descartarse que vuelvan a producirse incidentes» como los ocurridos en los meses de agosto de 2004 y 2005, cuando Ramírez negó el derecho de paso a dirigentes políticos de la izquierda balear y a miembros del Lobby y Gadma. Este documento de la Delegación del Gobierno fue solicitado por Ramírez, que pretende regularizar la situación de la piscina de uso «general, público y gratuito» que hasta ahora ha usufructuado en exclusiva y para la que, según el informe, «no ha habido una demanda espontánea, ni de la población del municipio ni de la población temporal (turistas o veraneantes)».

El Lobby per la Independència ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribuna Superior de Justícia al entender que la concesión a la que se aferra Pedro J. Ramírez contraviene la Ley de Costas. El GOB también ha denunciado ante el Ministerio las supuestas irregularidades de la concesión, pero pasado un año no ha obtenido respuesta. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puig, que intentó sin éxito pasar por la zona el pasado mes de agosto, ha anunciado una rueda de prensa esta mañana en Palma para abordar éste y otros temas.