Pedro J. Ramírez no ha entregado todavía el plan para regularizar el uso público y gratuito de la piscina que gestiona en la Costa dels Pins en nombre de la concesionaria oficial, Giuliana Arioli.
El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Puig que, aunque se ha agotado el plazo concedido al compañero sentimental de Agatha Ruiz de la Prada, se le ha otorgado un tiempo extra.
Según el director general de Costas, esta medida de gracia se justificaría porque el compañero de la diseñadora ha pedido adjuntar al proyecto de la piscina un informe del Ministerio de Interior.
Joan Puig considera que se ha reiterado el trato de privilegio al periodista, y anuncia que la semana que ahora se inicia hará una petición en el Congreso de los Diputados para que la ministra Cristina Narbona comparezca ante la Cámara.
Asimismo, Puig sospecha que el gestor de la piscina pública y gratuita concedida a Giuliana Arioli intentará burlar el cumplimiento de la Ley de Costas con apelaciones a su seguridad. Joan Puig se indigna ante esta posibilidad, ya que «la piscina es la puerta de entrada de su casa, accesible directamente desde el mar» y, por tanto, motivo fundamental de cualquier inseguridad.
Por otra parte, el diputado de ERC ironiza sobre el hecho de que la piscina gestionada por la familia «amenazada» haya sido reiteradamente exhibida en diversas revistas.
El pasado mes de mayo, ante la demanda planteada por el Lobby per la Independència, el Ministerio de Medio Ambiente acordó dar a Pedro J. Ramírez un plazo de tres meses para que hiciera efectivo el uso público de la instalación.
El uso público
La resolución del director general de Costas suspendió el uso
público de la instalación para que el gestor estableciera «la
accesibilidad en la zona, si el uso público tiene que ser gratuito
o no, el periodo en que tendría que estar abierta, además del
horario y del número máximo de personas que podrían
permanecer».
A finales de agosto la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que Pedro J. tenía la obligación de presentar una propuesta de accesibilidad y seguridad que garantizara el uso público. Narbona añadió que «Pedro J. Ramírez ha tenido tres meses para presentar al Ministerio de Medio Ambiente una propuesta con medidas para hacer efectivo el uso público de la piscina».
Asimismo, dijo que el Ministerio había rechazado una petición de uso privado de Ramírez, ya que tal uso no es posible en el dominio público marítimo terrestre».
A pesar de estas palabras de la titular de Medio Ambiente, la piscina ha tenido uso privado durante todo el verano y, además, se ha dado por suspendido el derecho de paso en el tramo ocupado por la mencionada instalación.
El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puig considera que con Pedro J. «el mundo y la legislación se ponen patas para arriba» para satisfacer los intereses particulares del periodista.
Según Puig, un intento de transitar por el dominio público se convierte en un «asalto» y los transeúntes agredidos son acusados de la comisión de un delito.