Un total de 327 empresarios y comerciantes de la pequeña y mediana empresa del término municipal de Capdepera, han denunciado ante el fiscal general del Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas, la oferta del «todo incluido» al considerar que se trata de un «monopolio ilegal y usurpador que les lleva a la ruina total, consentido y silenciado por las autoridades de la Comunitat Autònoma de Balears».
La iniciativa de poner el tema en manos de la justicia parte de un empresario de Cala Rajada, Salvador Escrivà, que decidió iniciar una recogida de firmas entre los empresarios de la localidad para encontrar una solución a este sistema que, considera, «nos ha arruinado la temporada turística de este año» y que «perjudica los intereses económicos, sociales y laborales de aquellos sectores comerciales que dependen del turismo».
Escrivà explicó que «no vamos contra los hoteleros sino contra los touroperadores que son los responsables del sistema».
La denuncia se hizo efectiva el pasado 23 de agosto. También se presentó la queja ante el Defensor del Pueblo del que se ha obtenido respuesta. Así se ha iniciado una investigación en este sentido.
Los afectados piden al fiscal que «sea investigada esta situación a nivel jurídico y fiscal ante la ley» y al Ministerio, «una rápida intervención en base al amparo del artículo 40 de la Constitución».
Escrivà expuso que «no me corresponde a mí iniciar esta defensa sino a las autoridades competentes, pero me he visto obligado ante un silencio total de las administraciones. He encontrado el apoyo de la gente y esperamos a que nos den solución».
La asociación de restauradores ha dado su apoyo a esta actuación judicial por los «efectos negativos del 'todo incluido' ante el fuerte crecimiento, sobre todo, en esta temporada turística».