A.G.
Ultima Hora se dirigió el pasado viernes a la Delegación del Gobierno de Baleares para informar de que, a partir del martes día 23, un equipo de periodistas ejercería el derecho de tránsito en la Costa dels Pins. «En caso de que se haya restringido el derecho de paso -de lo que no tenemos constancia oficial- rogamos nos lo comuniquen con la mayor brevedad posible», decía la misiva.
La nota de la Dirección General, firmada ayer por el subdirector general Miguel Velasco, clarifica el alcance de la resolución de 17 de mayo de 2005, que en ningún momento habla de suspender la servidumbre de paso, sino únicamente del «uso público» de la piscina y la terraza. Por esta razón, los representantes de ERC, PSM, EU, Els verds, Lobby i GADMA exigieron el sábado día 7 transitar por la franja costera. La resolución que suspende el uso público y la servidumbre de paso todavía no ha sido publicada en el BOE, a pesar de afectar al dominio público e interesar a terceros. Tampoco se ha establecido un paso «en condiciones análogas» en la zona, como establece el artículo 27 de la ley.
El Ministerio de Medio Ambiente contestó el pasado jueves unas declaraciones del conseller Jaume Font, negando que la resolución de 17 de mayo hubiera «privatizado» la piscina que usa la familia de Ramírez, como sostenía el conseller. Este periódico informó entonces a la Delegación del Gobierno de su intención de pasar por la zona, y de que se avisara a la Guardia Civil que hace guardia permanente delante de la casa y a los guardaespaldas de Ramírez para evitar problemas. La intención era verificar las condiciones de la piscina y el solárium, toda vez que por fotografías recientes parece deducirse que, efectivamente, estas instalaciones tienen un uso de carácter privado, como asegura el conseller.