Al ser preguntado ayer, Socías eludió hacer declaraciones «para no entorpecer la labor de la Justicia ni de la Administración». Joan Puig, que a su vez se ha querellado contra Ramírez, se mostró «muy tranquilo» porque «nosotros fuimos los agredidos por parte de los escoltas. Lo que hicimos fue pasar por un sitio público, no privado».
Según un despacho de la agencia Europa Press, Ramírez afirma en la querella que desde el verano de 2004 sufre «una campaña coactiva liderada por el independentista Jaume Sastre (...) con el objeto de torcer la línea editorial del diario El Mundo, caracterizada por una oposición frontal a la independencia de los territorios nacionales favorecida por grupos independentistas», y añade que Sastre y Puig, «con su carnet de diputado entre los dientes llegaron a bañarse en la piscina, sin que la Guardia Civil hiciera nada por impedirlo».
Ramírez, que ayer fue imputado por un delito de desobediencia por negarse a entregar al juez Del Olmo documentos sobre el sumario del 11-M, señaló que se considera «víctima de una persecución política orquestada por el fiscal general del Estado», y vincula esta «persecución» al «asalto» en la piscina. «Sólo así se comprende que sea el Ministerio Público el que haya instado al juez Del Olmo a actuar enviándome un 'ultimátum' y amenazándome».
Ramírez asegura que «el asalto» fue protagonizado «por un socio parlamentario del Gobierno, ante la pasividad de Socías y de las Fuerzas de Orden Público y ningún dirigente del PSOE lo ha condenado e incluso algunos lo han justificado». Así, «es evidente que hay elementos objetivos para que en El Mundo nos sintamos víctimas de una persecución política. Pero quiero pensar que el presidente del Gobierno no está detrás de la persecución y tampoco está de acuerdo con lo que sucede».