T. G.
Joan Puig, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en
el Congreso, anunció ayer que su formación «está estudiando pedir
la comparecencia en la Cámara Baja de la ministra de Medio
Ambiente», Cristina Narbona, para que «clarifique de una vez por
todas la situación de la piscina de Pedro J. Ramírez».
En este sentido, Puig exigió al Gobierno central que «salga en defensa de la ciudadanía y garantice el derecho de paso», al tiempo que reclamó que «apoye a los que fuimos allí a reclamar nuestro derecho y fuimos agredidos por un grupo de energúmenos (en referencia al servicio de seguridad del periodista)».
«Narbona tiene que dejar de confundir las cosas y tiene que hacer valer los derechos de los ciudadanos por encima de los de un individuo que, por lo visto, tiene mucho poder. Todavía estamos pendientes de la respuesta a la batería de preguntas que hicimos sobre el asunto, y pronto se agotará el plazo que tienen para respondernos. ¿Por qué este trato de favor a Pedro J.?», apostilló Puig.
Llamazares
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, opinó
también sobre los incidentes en la Costa dels Pins y pidió que «los
hechos sirvan para analizar y reflexionar sobre el uso de los
terrenos del dominio público marítimo-terrestre por parte de
particulares».
Llamazares consideró que las fuerzas políticas y organizaciones ecologistas que rechazan la utilización privada de un terreno que, además, «es importante desde el punto de vista ambiental, no tendrían que verse obligados a hacer cosas como las del sábado, sino que tendrían que promoverse medidas legales para impedir que sea necesario denunciarlas con movilizaciones que, en todo caso, me parecen legítimas».
El presidente del Govern balear, Jaume Matas, condenó «rotundamente el asalto que un grupo de dirigentes políticos realizó el sábado a la finca que tiene Pedro J. Ramírez», actitudes e iniciativas que «atentan contra la legalidad y el respeto de las personas que escogen Balears para pasar sus vacaciones».
En declaraciones a la agencia Europa Press, Jaume Matas cargó contra el diputado de ERC Joan Puig «por ser el principal promotor» de un «asalto a una propiedad aprobada por el Gobierno de Zapatero».
«Es indigno que un cargo electo, un diputado de España por otra comunidad autónoma, venga desde fuera, tenga esta conducta provocadora y sea la cabeza visible de este acto y de enfrentamientos», denunció.
Matas consideró que las Fuerzas de Seguridad del Estado tendrían que haber garantizado «que no se produjera el asalto» y lamentó que «Balears haya sido noticia por este suceso».
Sobre la situación legal de la piscina, Matas cargó con dureza contra el Gobierno socialista: «Lo que tiene que destacarse de lo sucedido es que el Gobierno de Zapatero es el que ha dado a esta piscina la categoría de uso privativo que hasta ahora nunca había tenido y, ahora, tendría que haber cumplido aquello dictado y preservar las instalaciones de este asalto», subrayó al ex ministro que firmó el orden que en 2001 restituía la instalación a un particular para un uso «general, público y gratuito» que nunca se ha cumplido.
Antich
Francesc Antich, secretario general del PSIB-PSOE y diputado en el
Congreso, aseguró a este diario que no se explica «cómo el señor
Matas se atreve a hacer este tipo de declaraciones. El señor Matas
no es el más indicado para hablar, porque fue él quien creó el
problema. El Ministerio ha dado un plazo de tres meses a Pedro J.
Ramírez para que presente un proyecto y se resuelva esta situación
ilógica. Hasta entonces éste será un tema conflictivo, que el
Gobierno resolverá poniendo por delante los intereses generales de
los ciudadanos y ciudadanas».
La diputada autonómica del PSM Maria Antònia Vadell acusó ayer a los guardias de seguridad que vigilaban la piscina de agredir y provocar lesiones a los que reclamaron el derecho de paso. La dirigente nacionalista consideró «vergonzoso» el trato dado por los guardias jurados a los «jóvenes» que acudieron a aquel lugar.
Vadell recordó que la ley fija el derecho de paso para una franja mínima de seis metros con el mar y aseguró que el recinto de la piscina de Ramírez «no respeta» esta condición.
Para Vadell, después de ofrecer estas explicaciones, y mientras «un guardia civil de paisano hacía fotografías de todo», siete u ocho personas subieron por las rocas hasta el muro del recinto de la piscina y consiguieron entrar a pesar de la oposición violenta de los guardias de seguridad contratados por el editor de El Mundo, Pedro J. Ramírez.
La diputada insistió en que las personas que accedieron al recinto donde se encuentra la piscina «ejercieron simplemente el derecho de paso» y consideró que sería «lamentable» que se sancionara a todas estas personas solamente por defender «el interés público en lugar del de un particular».