Una patrulla de la Guardia Civil del cuartel de Artà custodia desde el sábado por la tarde la casa del periodista Pedro J. Ramírez de forma permanente y hasta «nueva orden».
Los agentes se dedican a parar e identificar los vehículos y a las personas que se acercan a la zona. Este refuerzo de seguridad pública se suma a los escoltas privados que ya acompañan a Ramírez de forma habitual en sus vacaciones en la Costa del Pins y a los guardias jurados que vigilan la casa.
A estas medidas de seguridad se añaden ostensibles cámaras de vídeo que registran todo aquello que pasa en la calle del Pinar, así como en el tramo de costa.
También son visibles unos carteles de color azul colgados de las barreras del domicilio que anuncian «Zona Vigilada». La legalidad de estas cámaras es más que dudosa, ya que algunos bancos se han visto obligados a retirarlas por sentencias judiciales contra la invasión de la intimidad de los transeúntes.
Diversas personas fueron identificadas durante la jornada de ayer por los agentes del instituto armado.
La propia Delegación del Gobierno ya explicó el sábado que el refuerzo se haría efectivo después de los incidentes, pero no que se traduciría en una patrulla armada.
Estas medidas se toman después de que un grupo de personas liderado por el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados Joan Puig intentara hacer uso del derecho de paso por la zona de dominio público marítimo-terrestre situado delante de la casa del periodista el sábado al mediodía.
«Allanamiento»
En declaraciones a la agencia Efe, Pedro J. Ramírez señaló ayer que
se querellará contra Puig y el resto de «asaltantes», y reiteró que
«ha exigido al Govern que castigue a los que atacaron a su familia
vulnerando la legalidad». En este sentido, explicó que sus abogados
ya han presentado una denuncia por los presuntos delitos de
«allanamiento de morada, coacciones, agresión y vulneración de la
intimidad». El periodista ha denunciado también a la Guardia Civil
pro «omisión del deber de impedir un delito». Las cámaras de
televisión que ha instalado Ramírez en el dominio público y las
imágenes que grabó una cámara de la Televisió Serverina, así como
las imágenes fotográficas aparecidas en prensa, serán claves para
saber quién propinó los golpes y dio empujones.
Este diario ha podido saber que Pedro J. Ramírez se puso el sábado en contacto con la Delegación del Gobierno en Balears y con tono crispado se quejó de la irrupción de los «radicales» dentro de su casa.
Asimismo, altas instancias del Gobierno también se interesaron por la problemática y la seguridad del periodista madrileño. Todas estas quejas han dado como resultado la presencia permanente de los agentes frente a la casa, cuando el verano pasado, después de la denuncia del Lobby, la patrulla se dedicaba a dar vueltas por la calle del Pinar de manera más disimulada.
Por otra parte, los cuatro agentes de paisano del Servicio de Información de la Guardia Civil que el sábado presenciaron los incidentes han emitido un informe que será adjuntado al expediente que ha empezado a tramitar la Delegación del Gobierno.
Fuentes del departamento que encabeza Ramon Socías aseguraron ayer que todavía no está claro si la instrucción sobre los hechos irá a cargo de la propia Delegación o si será la Demarcación de Costas en Balears quien se encargará.
Los agentes elaboran este tipo de informes siempre que no se produce un delito, como es el caso, ya que si no habrían practicado las detenciones en el mismo lugar de los hechos. Las fuentes consultadas explicaron que lo que pasó en la piscina fue, en todo caso, una falta.
El viernes pasado, Ramon Socías visitó Cala Rajada para conocer de primera mano la problemática de la inseguridad ciudadana.
El delegado del Gobierno escuchó de boca de los vecinos y comerciantes las necesidades de aumentar la vigilancia a causa del considerable crecimiento de la delincuencia.