La plataforma a favor de los caminos públicos abiertos de Manacor registró ayer un escrito en el Ajuntament mediante el que denuncia el cierre de otra vía en suelo rústico. En este caso se trata de un camino de la zona de Son Galiana cerca de la carretera que va del casco urbano a Son Negre. Tras la presentación del escrito rubricado por 210 personas, los integrantes de la plataforma tildaron de «vergonzoso» el hecho de que el Ajuntament de Manacor «no actúe para detener el cierre de los caminos y obliga a gente como nosotros a presionar para evitarlo», coincidieron en señalar Joan Miquel Monjo y Sebastià Gaya. Asimismo, los representantes del colectivo pro caminos públicos, explicaron que el camino de Son Galiana está siendo cerrado por dos puntos con unas obras «ilegales ya que como el camino es público no puede haber un permiso de obras para construir las paredes o, en todo caso, la licencia está mal concedida».
En el escrito, el abogado representante de la plataforma, Nicolau Vidal, solicita información sobre el cierre de este camino de uso público «incluido en el polígono 7, entre las parcelas 685, 479 y 480» de la zona de Son Galiana. Por otra parte, la plataforma critica al equipo de gobierno (PP-AIPC) «por no haber contestado aún las 700 alegaciones presentadas» en contra de la revisión del catálogo municipal de caminos y senderos públicos que aprobó el pacto a principios de este año. La plataforma y algunos partidos políticos de la oposición se opusieron a la revisión del catálogo porque veían en esta operación un intento de excluir el camino de Es Fangar del inventario.
De hecho, los propietarios de la finca que mantienen cerrado el camino ofrecieron hace tiempo abrir una vía alternativa en sus terrenos para poder mantener el camino actual cerrado. En este sentido y según ha podido saber este periódico, han mantenido diversas reuniones con los partidos de la oposición para convencerles y poder llevar a cabo esta alternativa. Ahora, el camino de Son Galiana se une a los ya más de cincuenta caminos rurales que figuran en el catálogo municipal como públicos pero que permanecen cerrados por barreras colocadas generalmente por propietarios y de forma totalmente arbitraria, denunció la plataforma. Otros conocidos son Es Rafalet o Son Jordi. Por otra parte, ante el retraso en la contestación de las alegaciones, la portavoz del PSM, Margalida Capó, criticó la «dejadez» por parte del equipo de gobierno. Desde el PSOE, Júlia Román, afirmó que «creo que se precipitaron a la hora de llevar el catálogo a revisión y ahora tienen un problema puesto que no tiene base jurídica», apuntó. La tardanza también fue criticada por ALM-UM que en su momento apoyó la revisión del catálogo: «Tienen este tema parado como tantas otras cosas que comienzan y no acaban», apuntó Catalina Julve.