El Consell de Mallorca ha heredado una condena judicial contra el Govern por el retraso de las obras del túnel de Sóller que no eran imputables a la empresa concesionaria sino a decisiones tomadas por la Administración autonómica. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha condenado al Consell de Mallorca a abonar unos 4,2 millones de euros (700 millones de pesetas) a la concesionaria del túnel de Sóller por ser en la actualidad la administración que tiene las competencias en materia de carreteras.
Sin embargo, la reclamación de la concesionaria iba dirigida al Govern por adoptar algunas decisiones que provocaron un retraso en la apertura del túnel y un sobrecoste económico. El Tribunal Superior de Justicia condena al Consell a abonar 2,9 millones de euros, incrementado en un 1,5 puntos, además de los gastos financieros producidos por el retraso en la puesta en servicio del túnel y el lucro cesante derivado de la pérdida de explotación por el plazo de diez meses. El Consell ha calculado que deberá abonar unos 4,2 millones de euros a la concesionaria.
La empresa que explota la concesión del túnel presentó un recurso en diciembre de 1998 para reclamar una indemnización por el sobrecoste que había supuesto el retraso de la apertura de la obra por decisiones adoptadas por la administración competente, que en aquel momento era el Govern. Las obras debían concluir en diciembre de 1990, pero no pudo circularse por el túnel hasta febrero de 1997.