A.G.
El presidente de ASI, Joaquín Rabasco, ha presentado una denuncia
ante la alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich (PSM), por la que exige
el cierre de la planta de impresión de Omniprint en un plazo máximo
de diez días. En caso contrario, Rabasco advierte a la alcaldesa
que procederá judicialmente contra ella.
El pasado día 31 de mayo, Rabasco se personó en el Ajuntament y se interesó por la situación legal de esta industria, propiedad de la empresa Rey Sol SA, que edita la edición local del diario «El Mundo». Diez días después la alcaldesa firmó un oficio que explica que el Consistorio concedió una licencia en 2001 a Omniprint para «construir una nave industrial sin uso determinado» y que, en este momento, «no consta en estas dependencias municipales la concesión de ninguna licencia de instalación ni, en consecuencia, la de apertura de ninguna actividad en esta parcela».
En su denuncia, Rabasco solicita «como acción pública y derecho de petición que con carácter de urgencia proceda al precinto cautelar y hasta su legalización definitiva de la actividad que viene desarrollándose en la nave referenciada». Y advierte a la alcaldesa nacionalista que «si en el plazo de diez días, tiempo más que apropiado, no ha decidido decretar por ser ilegales el precinto de las actividades llevadas a cabo en la nave, se procederá a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial competente».Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han asegurado que, ley en mano, la alcaldesa debe proceder al cierre inmediato de la instalación. En caso contrario, Rosa Vich debe argumentar un criterio de excepcionalidad, como el interés general o el irreparable mal causado, ante el que cabría recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.