JOSEP ROSSELLO
La Federación de Comercio, Restauración y Ocio Turístico de Calvià
(Fecotur) así como otros empresarios ajenos al citado colectivo han
contratado los servicios de dos agencias de detectives privados con
un objetivo muy claro: demostrar los presuntos tratos de favor que
la Policía Local de Calvià dispensa a ciertos locales nocturnos de
Punta Ballena. Según el vicepresidente de Fecotur, Pepe Tirado, los
informes remitidos por las agencias de detectives privados Gesinver
y Cabanac revelan que la policía del Ajuntament de Calvià no mide
con el mismo rasero a todos los establecimientos nocturnos de Punta
Ballena, detectándose así «escandalosos» tratos de favor hacia
algunos locales que superan con creces los límites de aforo y de
decibelios permitidos por las ordenanzas municipales.
A tenor de las palabras de Tirado, los socios de Fecotur no disfrutan de las supuestas prebendas policiales de las que gozan las empresas vinculadas a otras asociaciones al tiempo que se sienten «acosados y perseguidos» por los agentes del alcalde Carlos Delgado «por el mero hecho de manifestar nuestras reivindicaciones». Cabe recordar que Fecotur ha remitido al Ajuntament de Calvià hasta 18 instancias en las que se exige al primer edil más seguridad y control en las zonas de ocio nocturno de municipio. Sin embargo, el silencio ha sido la única respuesta hasta ahora ofrecida por el Consistorio de Delgado. Ante esta tesitura, el vicepresidente de Fecotur manifestó ayer a este diario que según se desprende de los informes remitidos por los detectives privados «la policía tiene más permisividad con unos locales que con otros». «Además», añade Tirado, «los informes remitidos por Gesinver y Cabanac dan muchos condicionantes para ir a los juzgados y denotan que muchas licencias se han dado bajo sospecha».
La presunta «vista gorda» de la policía para con algunos establecimientos comerciales supuestamente afines al PP por el momento ha desembocado en una reunión entre los abogados de Fecotur y Delgado en las que los representantes de la federación empresarial han dado un plazo de siete días al Consistorio para que regule la situación. «De lo contrario nos querellaremos contra el alcalde», concluyó Tirado.