El Tribunal Supremo ha dado la razón al grupo mayoritario en la oposición en el Ajuntament de Manacor, ALM-UM, cuando denunció que la convocatoria del pleno de los presupuestos de 2003 era «ilegal». El Supremo ha estimado el recurso de apelación del grupo liderado por Miquel Riera, que denunció el mes de febrero de 2003 que el decreto de Alcaldía que convocaba el pleno extraordinario de los presupuestos municipales el 30 de diciembre de 2003, era ilegal. Según ALM-UM, el decreto vulneraba los «derechos fundamentales de los grupos políticos puesto que les impide participar en los asuntos públicos municipales».
En aquella ocasión, cuando el alcalde firmó el decreto de la convocatoria del pleno, ALM-UM recurrió la decisión alegando que no se cumplía la ley 7/85. Esto es que el pleno se convocara como mínimo con dos días hábiles de antelación y que los regidores dispusieran en la secretaria de toda la documentación en los asuntos de la orden del día. Ahora, la justicia ha dado por buenos los argumentos denunciados y ha fallado que estima el recurso de apelación y ordena al TSJB «proseguir las actuaciones de acuerdo con el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales».
El portavoz de ALM-UM, Miquel Riera, ha afirmado que «nosotros ya advertimos en reiteradas ocasiones que la convocatoria de este pleno era ilegal y a que no daba a los grupos de la oposición el tiempo reglamentario para poder consultar la documentación». Riera también ha señalado que «éste es sólo uno de tantos ejemplos que demuestran el poco interés del equipo de gobierno de dar participación a los grupos de la oposición. No admiten ningún tipo de control ni colaboración por parte de los grupos de la oposición».