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Manacor

Una segunda empresa acreedora presenta una querella contra Majorica por impagos

La denuncia presentada por GCB Disseny SL se suma a la ya formalizada por la sociedad Puerto Madryn

El grupo de accionistas de Alpha compró en 1998 una empresa saneada y la vendió en suspensión de pagos.

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Las denuncias de empresas acreedoras que se querellan contra Majorica no cesan. Ahora, a la denuncia formal de la sociedad Puerto Madryn SL presentada contra Majorica y admitida a trámite por el Juzgado número uno de Manacor, se añade la nueva Sociedad Limitada que responde a las iniciales GCB Disseny. La denuncia de este acreedor contra Majorica va en la misma línea que la de Puerto Madryin SL. Ambas empresas acreedoras se han querellado contra Majorica por créditos impagados. Ante la imposibilidad de cobrar las deudas pendientes, las sociedades han recurrido a la vía penal. A finales de año, otra empresa de Manacor, RCO, se querelló también contra Majorica, pero al poco tiempo la denuncia fue retirada por la misma propiedad.

Esta vez la querella también va dirigida contra las personas físicas que se vieron implicadas en la operación de compra-venta de Majorica durante el año 1998. Una de estas personas era precisamente el antiguo consejero delegado de la grupo empresarial Alpha Equity Group, José Diego Arozamena. Éste era el cabeza visible de los accionistas que en 1998 compraron una empresa saneada y luego la vendieron en suspensión de pagos a Line Invest XXI con el compromiso de que los nuevos propietarios desembolsarían 6.000.000 de euros. En el caso de la denuncia interpuesta por la sociedad Puerto Madryn, la jueza Cristina García comprobará si se cometió algún delito en la operación económica realizada durante el año 1998 y que supuso la venta de la que entonces era la empresa más emblemática de Manacor por un importe de diez mil millones de las antiguas pesetas.

Los imputados denunciados por la empresa Puerto Madryin SL han sido nuevamente citados a declarar, después de que el juicio se anulara el pasado mes de febrero. El juicio tuvo que anularse porque no se habían notificado todas las demandas a cada uno de los imputados. A partir de ahí, el juicio podría celebrarse en el plazo de 15 días o un mes. Éstos no tienen ninguna relación con los actuales propietarios, que son el grupo catalán y Saga.

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