LL. GARCIA
El batle de Deià, Jaume Crespí, ha asegurado que «dedicará hasta el
último esfuerzo» a conseguir que sean el Consell o el Govern
quienes paguen las posibles indemnizaciones a las cuales tendrán
que hacer frente el Ajuntament en el caso de los cuatro chalets de
Llucalcari que el Tribunal Supremo ha dado orden de derribar sin
más dilación.
Poco después de que el GOB diera a conocer la sentencia, el alcalde afirmó que «la acataría, como no podría ser de otra manera», aunque ayer matizó que «tanto le da quien pague las posibles indemnizaciones, ya sea el Consell que actualmente tiene la competencia o el Govern o ambas instituciones: quien tiene que pagar es quien autorizó en su momento en el Ayuntamiento a dar la licencia. Sin esta autorización no se hubiera podido dar licencia, como tampoco no se da actualmente dentro del suelo rústico del municipio». Crespí ha afirmado que los propietarios de los chalets afectados ya se han puesto en contacto con el Ajuntament y que inicialmente «le han expresado su apoyo y que pedirán responsabilidades a instancias superiores», aunque entiende que finalmente éstas puedan ir también contra el Ajuntament «en defensa de sus legítimos intereses avalados por una licencia de obra».
Desde la oposición municipal D.E.I.A. calificó de «gran injusticia que finalmente las indemnizaciones tengan que pagarlas losdeianencs, recordando que hasta ahora «ya han pagado una fortuna en los recursos interpuestos por las casas de la vila». Para D.E.I.A., «si finalmente lo asumen el Govern o el Consell también lo pagan, en definitiva, los contribuyentes y todo porque alguien autorizó una licencia sin poder hacerlo».