La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha exigido a Demarcación de Costas que le entregue el expediente en virtud del cual se legalizó la piscina de Pedro J. Ramírez en Costa de los Pinos, en el municipio de Son Servera. El Estado tiene un plazo improrrogable de 20 días para remitir la documentación exigida. Los magistrados Jesús Ignacio Algora Hernando, Pablo Delfont Maza y Fernando Socías Fuster han admitido a trámite el contencioso administrativo que presentó el Lobby per la Independència contra la «desestimación por silencio administrativo» de la demanda presentada por la ocupación del dominio público. El Lobby denunció la piscina del periodista el pasado mes de agosto, cuando se impidió el paso a alguno de sus miembros.
El conocimiento del expediente técnico en virtud del cual se renovó la concesión a nombre de la viuda de Calvo Sotelo, antigua propietaria del chalet, es clave para determinar la legalidad de la tramitación y si las instalaciones actuales cumplen con la normativa, especialmente en lo que concierne a los accesos públicos. El Lobby reclamó el expediente para conocer a partir de qué informes técnicos se habían autorizado obras en la piscina, y si aquello que se ha construido se adecúa al proyecto del ingeniero Juan José Lemn.
La concesión, otorgada en 2001 cuando Jaume Matas era el titular de la cartera de Medio Ambiente, convirtió en «pública y gratuita» la piscina. Sin embargo, la Orden Ministerial no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, como es preceptivo. De otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tendrá que responder en comisión parlamentaria la semana que viene a las preguntas relativas a esta cuestión que le formulará ERC.