El fiscal solicitó ayer una pena de dos años de prisión para el promotor Miguel Salvá por haber construido una instalación para extraer agua de un pozo en un Àrea Restringida de Interés Paisajístico (ARIP), en el término municipal de Llucmajor.
El alcalde del municipio, Lluc Tomàs, se enfrenta, asimismo, a una petición de inhabilitación por no haber dado las instrucciones precisas de paralizar esa obra, según expuso ayer en el juicio el acusador particular Jaime Radó, que también solicitó dos años de cárcel para Salvá. El Ministerio Público, en cambio, no acusó al primer edil de Llucmajor.
El juicio, que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2, quedó visto para sentencia, tras las pertinentes alegaciones finales de las partes.
Bernardo Garcías y Rafael Perera, abogados defensores del alcalde, Lluc Tomàs, y del constructor. Miguel Salvá, respectivamente, solicitaron al juez la absolución de sus clientes al entender que no había quedado demostrado, ni siquiera de forma indiciaria, la comisión de delito alguno en la construcción de esa instalación, rodeada por una explanada diseñada para que los camiones que transportan el agua puedan circular.
Según la reglamentación vigente, está totalmente prohibido construir en una zona ARIP, según recordó en su momento el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que interpuso la denuncia original y que dio origen a la apertura de la causa en los juzgados. A raíz de ello se abrió la causa.
En sus conclusiones, el acusador particular insistió en su petición de solicitar dos años de cárcel para el constructor, y la inhabilitación del alcalde, al entender que debió haber actuado «con contundencia» para paralizar las obras. Por ello, según esa parte, Lluc Tomás cometió un supuesto delito de prevaricación.
El fiscal, por su parte, también solicitó dos años de cárcel para Miguel Salvá al entender que su actuación puede ser constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio.