El director general de Serveis del Ajuntament de Calvià, Joaquín Legaza, fue condenado en 1992 por un delito de prevaricación negligente. Legaza fue condenado por su actuación como secretario general técnico de la Conselleria de Funció Pública del Govern. El actual «hombre fuerte» del alcalde Delgado dimitió tras la condena de seis años de inhabilitación especial, que le impedía trabajar en la Administración, como consecuencia de un escándalo de «enchufismo» relacionado con unas pruebas de acceso a la función pública denunciado por Comisiones Obreras. En 2003, después de ganar las elecciones, Delgado contrató a Legaza para el citado cargo, que lo sitúa como el superior jerárquico de todos los jefes de área del Ajuntament de Calvià, entre ellos el de personal y el de contratación. El director general de Serveis cobra 60 mil euros brutos anuales.
Los hechos por los que Legaza fue condenado ocurrieron durante el proceso de funcionalización del personal contratado que realizó la Comunitat Autónoma. Según mantuvo el fiscal durante el juicio, hubo un trato de favor hacia tres de los opositores, entre ellos la esposa de Pere J.Morey, que en aquel momento era conseller de Agricultura. Según la legislación, los trabajadores en excedencia voluntaria, situación en la que se encontraban los tres citados opositores, no podían optar a las plazas convocadas. Una vez aprobadas las oposiciones, la esposa de Morey solicitó de nuevo la excedencia voluntaria.
En la adopción de estas resoluciones el conseller de Funció Pública contó con el asesoramiento de Legaza. El Tribunal Superior de Justicia de Balears absolvió a los otros acusados, pero consideró a Legaza autor de un delito de prevaricación negligente. Los jueces consideraron que se produjo un caso de «prevaricación por negligencia inexcusable» al conceder la excedencia a la esposa de Morey de manera inmediata, cuando la ley exigía que, antes, el funcionario debía ocupar su plaza al menos durante tres años. Carlos Delgado llegó al Ajuntament de Calvià con la promesa de llevar a cabo una «regeneración» en la institución. El PP había presentado una batería de querellas, de las que algunas han sido archivadas. Hace dos meses, el Tribunal Supremo confirmó la condena contra Antonio de Padua Alemany por intromisión en el honor del abogado Jaume Enseñat. Alemany es el administrador único de una empresa que asesora al alcalde Carlos Delgado en materia de discursos y en relaciones con los medios de comunicación.