Por primera vez un juzgado, en este caso de Manacor, ha decidido investigar una operación económica que afecta a la empresa Majorica. La jueza Cristina García va a comprobar si se cometió algún delito en la operación económica realizada en el año 1998, y que supuso la venta de la empresa más emblemática de Manacor por un montante económico de diez mil millones de las antiguas pesetas. La jueza ya ha citado a declarar como imputados para febrero a dos de las 15 personas, todos empresarios, que intervinieron en esta operación, y contra las que va dirigida esta querella. Estos empresarios no tienen ninguna relación con los actuales propietarios de Majorica, ya que la empresa perlera de Manacor, en pleno periodo de crisis, fue vendida a otra sociedad. La querella, redactada por el penalista Eduardo Valdivia, la ha presentado un empresario, que a la vez es acreedor de Majorica. El escrito presentado ante el juez explica que en el mes de abril de 1998 se constituyó la sociedad Inversiones en perlas de Mallorca con un capital de 500 millones de pesetas, a los que después se añadieron otros 400 millones que se aportaron a través de otras empresas.
Según la querella, las sociedades Majórica y Perlas Mallorca fueron vendidas en el año 1998 por casi diez mil millones de pesetas. Para hacer frente a este pago los compradores utilizaron el capital propio de la empresa, un préstamo aportado a modo personal por algunos de sus accionistas y se solicitó un crédito bancario por siete mil millones de pesetas a varias entidades financieras, en especial al Banco Central Hispano Americano (hoy Santander Central Hispano). En esta operación, los dueños de Majorica no sólo vendían la marca de la empresa (uno de sus mayores activos al ser conocida a nivel mundial), sino también una serie de propiedades inmobiliarias, tanto en Mallorca como en la Península. Los inversores asumieron también el nombre de la empresa y decidieron que continuara llamándose Majorica SA, según se señala en la querella.
Entre los documentos que dispone en estos momentos la jueza tienen especial importancia las cuentas anuales de los ejercicios contables de Majórica, tanto antes de la venta como después. En el ejercicio del año 1997, según la querella, la empresa había ganado más de 636 millones de pesetas. Sin embargo, tras la venta, al año siguiente la situación cambió y se pasó de beneficios a pérdidas, sobre todo porque la empresa tenía que hacer frente a la devolución del préstamo bancario, con sus correspondientes intereses. Así, según se señala en la documentación contable, la empresa cierra el balance económico del año 1999 con unas pérdidas reconocidas de 718 millones de pesetas, cifra que fue en aumento en los años siguientes y que abocó, en marzo de 2002, a solicitar la suspensión de pagos. En la querella se denuncia que los nuevos dueños, para poder devolver el crédito que habían pedido para comprar la empresa, se deshicieron de varios activos que tenía la sociedad, como eran dos importantes inmuebles en Barcelona. El abogado recuerda que la ley prohíbe esta descapitalización de los activos, y denuncia que la gestión de los nuevos dueños llevó a Majorica a una crisis, que afectó a muchos trabajadores, a los acreedores y a la Administración, que no ha cobrado los impuestos por la actividad económica.