La comisión de seguimiento sobre la crisis de Majorica -que está integrada por el Govern, el Ajuntament de Manacor, los sindicatos de CCOO y UGT y los tres comités de empresa- acordó ayer, entre otras medidas cautelares, interponer una demanda judicial contra la empresa perlera como medida de presión para forzarla al cumplimiento del protocolo. Con esta demanda se pretende que «los bienes patrimoniales de Majorica queden asegurados y no se puedan malversar», manifestó el conseller de Comerç, Josep Joan Cardona, a la salida del encuentro mantenido en la sede de la conselleria de Treball.
El conseller también aseguró que si la empresa cumple con todas las exigencias recogidas en el protocolo, la «demanda podrá ser retirada».
En relación al requerimiento notarial que se firmó entre todas las partes de la comisión de seguimiento, Cardona aseguró que Majorica «tiene intención de contestar el requerimiento en los próximo días», aunque admitió no tener la constatación oficial.
Cardona reconoció, además, que la situación que atraviesa en estos momentos la empresa Majorica «no es buena, por lo que no podemos estar de brazos cruzados, esperando una respuesta oficial. Nuestra obligación es la de salvaguardar y defender los intereses de todos los trabajadores y hacer cumplir todos los compromisos», que se hallan especificados en las cláusulas del protocolo.
Por su parte, el sindicato de UGT reivindicó de nuevo la intervención de la empresa por parte de la administración pública. Esta vez, el conseller se comprometido a que los servicios jurídicos estudiarán esta propuesta.
Por otra parte, la tensión volvió ayer a crispar los ánimos de los trabajadores de la fábrica de perlas, que convocaron una asamblea para sacar fuera del comité a los representantes del comité de CCOO. Por mayoría -85 votos a favor-, los trabajadores forzaron la dimisión de los miembros de este sindicato.