Aún no han transcurrido cuatro meses desde que el Govern de les Illes aprobara el protocolo que recoge el acuerdo firmado entre la Administración autonómica, el Ajuntament de Manacor, los sindicatos de UGT y CCOO y los propietarios de Majórica para salvar la empresa perlera de la crisis y, a día de hoy, todo parece papel mojado. El principal pilar del protocolo, es decir, la inyección de capital de unos 4'5 millones de euros por parte del Grupo Majórica destinado a costear parte del expediente de regulación de empleo, aun no se ha materializado. Ahora, el Govern, el Consistorio manacorí, los sindicatos y los comités reclaman a la empresa que cumpla el protocolo firmado el pasado mes de julio entre todas las partes nombradas anteriormente.
Ante el incumplimiento del protocolo, ahora el Govern lanza un ultimátum a Majórica para que haga efectiva la aportación del 60 por ciento del coste total del expediente de regulación de ocupación. De esta inyección dependen los más de sesenta trabajadores que a día de hoy esperan recibir las indemnizaciones para ser despedidos. Por su parte, Majórica se ha comprometido a aportar los 4'5 millones de euros antes del próximo 22 de noviembre. No obstante, los sindicatos y comités de empresa se han mostrado escépticos ante esta eventual inyección económica.
Este ultimátum a la empresa fue lanzado el pasado miércoles en el marco de una reunión a la que asistieron el conseller de Treball, Cristòfol Huguet; la directora general de Treball, Margarita Pizà; el alcalde de Manacor, Antoni Pastor, y algunos representantes de Majórica, como Claude Ries. Posteriormente a este encuentro, confirmado desde la Conselleria, se produjo otro entre los representantes del Govern y los comités y el sindicato de CCOO.