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Artà

El PP pide que se recurran los valores catastrales por su acusada subida

Culpabiliza al anterior equipo de gobierno de consentir «esta gran injusticia»

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El Partido Popular de Artà, grupo municipal en la oposición, ha solicitado que se recurran los valores catastrales aprobados por la Dirección General de Catastro ante la acusada subida que han padecido los vecinos de la localidad. «Es urgente arreglar esta injusticia y fijar unos nuevos módulos de valores realistas». Así se expone en una moción que presentaron los populares en el último pleno y que no pudo llegar a debatirse por cuestión de tiempo.

El Partido Popular también ha responsabilizado al equipo de gobierno anterior (UIA-PSOE) de consentir esta espectacular subida.

«La altísima subida del catastro fue iniciada a instancias del equipo de gobierno anterior a través de un acuerdo de comisión de gobierno de 26-11-2001 donde se instaba al centro de gestión, que avanzara la revisión catastral que se tenía que hacer en el 2004, porque los consideraba bajos y de esta manera se obtendrían más ingresos», indican los populares.

El PP añade que «todo ello, provocó una subida del 100% de media y se adelantó tres años la revisión catastral que se tenía que hacer en el presente ejercicio». Estos son los principales motivos por los que el partido popular pide una asistencia técnica que se encargue de elaborar un estudio de mercado para recurrir estos valores catastrales.

El portavoz popular, Bartomeu Palmer, explica que «la gestión económica de la legislatura anterior no fue brillante, más bien nefasta, dejando una deuda histórica que esperamos que la auditoría prometida por el actual equipo de gobierno llegue a aclarar el estado actual de endeudamiento». Hay que recordar que la subida de los valores catastrales ha generado una gran inquietud entre los vecinos de la localidad ya que ha supuesto en muchos casos doblar lo que se pagaba anteriormente.

El Ajuntament en pleno ya solicitó pedir al Gobierno central que se revisara esta subida. Una propuesta que fue planteada por Unió Mallorquina y que tuvo el acuerdo de los grupos municipales.

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