La urbanizadora Habitat Golf Santa Ponça SL, considera que el Ajuntament de Calvià, gobernado por PP-UM, debe recepcionar las urbanizaciones Nova Santa Ponça y Santa Ponça Golf sin cobrar nada por los desperfectos y deficiencias existentes, cuando el año pasado estaba de acuerdo en entregar a cambio unas parcelas valoradas en unos cinco millones de euros.
El año pasado, antes de las elecciones municipales, el presidente de Habitat Golf Santa Ponça, Miguel Nigorra se dirigió por escrito a la entonces alcaldesa socialista Margarita Nájera recordando «el acuerdo sobre la entrega formal de la urbanización a cambio de las parcelas B-26, B.-27 y B-28».
Nigorra afirma que «por nuestra parte las negociaciones han sido llevadas por Felix Pons, y nos hemos cruzado diversas propuestas y contra-propuestas, lo cual es lógico dada la complejidad del tema, pero en definitiva nosotros tenemos aceptada la fórmula arriba indicada» y añade que «aceptamos las dificultades que alegásteis sobre su complejidad administrativa pero queremos insistir en que habíamos dado nuestra conformidad a la solución».
«Chantajistas»
Ahora su hijo, consejero delegado de la urbanizadora, Juan Nigorra,
dice que, como no se firmó no hubo acuerdo y lo que pudieron
ofrecer ahora no lo reconocen porque «en la negociación había
muchas más cosas que la recepción» y considera que no deben pagar
nada e incluso que el Ajuntament debería recalificarles tres
parcelas hoteleras de su propiedad. Juan Nigorra ha calificado al
anterior equipo de gobierno socialista de «chantajistas» y
esperaba, cuando hubo el cambio de color político en las elecciones
del año pasado, que el actual equipo PP-UM fuera más receptivo a
sus tesis, si bien reconoció dificultades porque «están
acomplejados y no se atreven porque temen lo que puedan decir los
del PSOE».
Negociaciones
Desde el año 1991 la urbanizadora Habitat Golf santa Ponça SL
(antes conocida como IMISA) lleva negociando la recepción de
numerosos polígonos de Santa Ponça, que todavía no están
recepcionados por el Ajuntament de Calvià y que en los últimos años
apenas tienen ningún tipo de conservación y mantenimiento, lo que
obligó al Ajuntament en el año 2001 a hacerse cargo de la red de
alumbrado «en muy mal estado» en decenas de kilómetros ante el
peligro que representaba para los vecinos.
Está actuación costó al contribuyente más de un millón de euros que el Ajuntament debe recuperar del urbanizador.