Fuentes de la Conselleria d'Hisenda del Govern balear aseguraron ayer «no tener constancia» sobre si existen otras sanciones que hayan prescrito a causa del «error informático» al cual se refería el ex conseller Joan Mesquida para justificar que el periodista Pedro J. Ramírez se librara de pagar la multa de 16.903'47 euros (2'8 millones de pesetas) que le impuso Medi Ambient por hacer obras sin permiso en su chalet de Costa de los Pinos.
Portavoces autorizados de la institución anunciaron que «como medida preventiva, se ha iniciado la revisión manual de todos los expedientes que se encuentran suspendidos» para descartar «cualquier otro error de esta naturaleza».
El proceso de comprobación, según informaron las mismas fuentes, «durará al menos dos semanas». Anteayer, el conseller Lluís Ramis de Ayreflor había «descartado» iniciar ningún tipo de actuación o investigación al tratarse «de un asunto que ya ha prescrito». Otros informadores explicaron que la declaración fue realizada en un clima de nerviosismo entre los funcionarios del departamento, que conocieron por este diario la existencia y el alcance del impago.Hisenda, asimismo, «aún no ha determinado» el hecho que motivó la no tramitación de la sanción contra la sociedad anónima Solares de Simba, de la cual Ramírez es el administrador, y de momento no se descarta que pueda ser «un error informático, humano o incluso producto de un fallo eléctrico».
La Conselleria admitió, que será «muy difícil detectar el origen del problema», y que «ni tan sólo tenemos garantías sobre lo que podamos llegar a descubrir, a pesar de las intensas y exhaustivas comprobaciones anunciadas».
Fuentes del Goven balear manifestó, así, la imposibilidad de cuantificar de momento las pérdidas que este «error» puede haber provocado, y dejó claro que ni siquiera puede asegurarse que el caso de Pedro J. no sea el único que se produjo. Con la finalidad de evitar la reproducción de este problema -todavía indeterminado- los responsables de Hisenda ya han dado instrucciones a sus funcionarios para que se lleven a cabo «revisiones manuales y periódicas de todos los expedientes en tramitación que se encuentren suspendidos». La Conselleria admitió que «estas comprobaciones supondrán una carga importante de trabajo para la Administración».