T.G.
La historia reciente de Balears demuestra que nadie, por importante
que sea, puede infringir la Ley sin esperar que la Justicia recaiga
sobre él. La denuncia ciudadana, cuando está fundada, suple los
ocasionales incumplimientos de la Administración pública. Éste fue
el caso de la casa de doña Pilar de Borbón, hermana del rey, que
fue demolida por una infracción urbanística que denunció su vecina
Catalina Mulet y que prosiguió en los tribunales el antiguo
promotor inmobiliario Juan Oliver Mateu.
Y éste podría ser, también, el caso de la piscina de carácter «general, público y gratuito» de la que hace uso exclusivo la familia del periodista Pedro J. Ramírez en Costa de los Pinos, denunciada ante Demarcación de Costas por el Lobby per la independència. De hecho, la propia Demarcación propuso en el año 2000 desmantelar la instalación, lo que por ley debería suceder si no se cumplen las prescripciones de la concesión.
El caso de doña Pilar es el paradigma de la aplicación de la norma en el urbanismo insular. Su casa en Portopí era una joya de estilo colonial que amplió su marido, el duque de Badajoz, Luis Gómez Acebo, al construir una tercera planta sin contar con la oportuna licencia municipal. Aquella obra dejaba el edificio fuera de ordenación y, peor aún, condenaba una ventana de la vecina Catalina Mulet.
> La vecina denunció la obra en el Ajuntament y en los tribunales. El pleito terminó en el Tribunal Supremo, que dio la razón a la recurrente. Mientras tanto, el Consistorio del alcalde Joan Fageda ultimaba la revisión del Plan General, que legalizaba la casa. Sin embargo, su aprobación no llegó a tiempo. El mes de febrero de 1996 el alcalde recibió un auto del Tribunal Superior que le concedía diez días de plazo para demoler la casa de doña Pilar de Borbón o enfrentarse a una acusación por obstruir a la Justicia. Ni que decir tiene que hoy la casa de Doña Pi es historia.