Con esta resolución queda agotada la vía administrativa y sólo es susceptible de ser apelada a través de los tribunales de Justicia.
En una nota emitida ayer, la Delegación del Gobierno explica que el Ministerio del Interior ha estimado parcialmente el recurso de alzada presentado por los representantes legales de los expedientados (los servicios jurídicos del GOB) y el informe presentado por el nuevo delegado del Gobierno en Balears, Ramon Socías.
El Ministerio del Interior confirma la existencia de una falta leve por desobediencia a los agentes de la autoridad (Guardia Civil), que debe ser sancionada con 150 euros, mientras que la sanción por ocupar el hall del Ajuntament y retener a los miembros de la Corporación, incluida la alcaldesa Maria Antònia Munar, la rebaja de grave a leve, imponiendo también una sanción de 150 euros.
Aunque el Ministerio del Interior se basa en que «los propios miembros de la Guardia Civil presentes en aquellos acontecimientos los calificaron como leves», no acepta al mismo tiempo que existiesen «vicios de procedimiento» en la tramitación de los expedientes, y anula consecuentemente las sanciones.
El anterior delegado de Gobierno, Miquel Ramis, propuso inicialmente una sanción de 6.000 euros para cada uno de los expedientes al entender que los implicados habían cometido dos faltas graves.
Posteriormente, Ramis redujo la propuesta de sanción de 6.000 a 3.100 euros y firmó su resolución definitiva días antes de las elecciones generales del pasado mes de marzo.