El alcalde de Calvià, Carlos Delgado, y su familia exigieron ayer en el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Palma ser indemnizados con 81.000 euros, aproximadamente, por los integrantes del Grupo Socialista -Antonio Manchado, Neus Pacheco y Joana Maria Coll-, por el daño moral y perjuicios sufridos, según afirman, tras las declaraciones de esos concejales de que habían «intereses urbanísticos» en la venta de los terrenos del antiguo fortín de Illetes a ciudadanos ingleses. Los 81.000 euros de indemnización corresponden a la multiplicación de los 9.000 euros que exigen cada uno de los nueve miembros de la familia Delgado Truyols.
Carlos Delgado y su familia, defendidos por los letrados Rafael Perera y Raimundo Zaforteza, respectivamente, habían demandado a Manchado, Pacheco y Coll, representados en el juicio por el letrado Manuel Pomar, por la comisión del supuesto delito de intromisión en el honor, a su juicio, tras las declaraciones vertidas en el transcurso de una rueda de prensa. Los socialistas calificaron de «legal, pero inmoral en la forma y fondo», la venta de los terrenos por cuatro millones de euros. El fuerte de Illetes había estado catalogado durante mucho tiempo como instalación militar, pero en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana figura ya con equipamiento cultural, así que cualquier cambio de uso requeriría una modificación del PGOU. El PSOE quiso adquirirlo con fondos de la ecotasa.
Delgado, en su momento, calificó de «intolerables» las declaraciones de Manchado, Pacheco y Coll, quienes aseguraron que había «intereses urbanísticos» tras venta. «Nunca se me ha pasado por la cabeza recalificar los terrenos», reiteró el alcalde, quien indicó que desconocía las prescripciones del Plan General sobre el fortín. En la vista del juicio celebrado ayer, los socialistas no se retractaron, como exigían los denunciantes, e insistieron en que su deber era el de denunciar posibles irregularidades en el proceso siguiente a la venta de los terrenos. La tesis de los denunciados, asimismo, se vio reforzada ante la postura adoptada por la fiscal, que pidió al juez que desestimara la demanda interpuesta por el alcalde de Calvià y su familia. El juicio, tras las declaraciones de las partes personadas, quedó visto para sentencia.