El delegado del Gobierno, Ramon Socias, ha enviado un informe al Ministerio del Interior en el que pide que se reconsideren las multas impuestas en su día a los 13 manifestantes que participaron en el polémico pleno de Costitx en contra de la autovía Inca-Manacor. En su informe, el delegado asegura que en ningún caso pueden considerarse faltas graves, penadas con 3.000 euros, sino faltas leves que en su caso se resolverían con una multa de entre 150 y 300 euros.
El informe también señala la posibilidad de que estas multas se anulen ya que se produjeron una serie de defectos en el trámite administrativo. Se señala, por ejemplo, que la Guardia Civil, en el atestado, señalaba que se trataba de una falta leve, pero el delegado del Gobierno decidió calificarlas de oficio como grave. En un primer momento, las sanciones ascendían a 6.000 euros, cantidad que fue rebajada después a 3.000 euros.
El informe del delegado del Gobierno no ha sido fortuito, sino que responde a la larga tramitación administrativa que están protagonizando estas sanciones. El informe es consecuencia de una acción previa del anterior representante del Ejecutivo en las urnas, Miquel Ramis. El ex delegado de Gobierno firmó la propuesta definitiva de sanciones de 3.000 euros tan sólo unos días después de que el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ganara las elecciones generales del pasado mes de marzo.