La población de la ciudad de Inca ha visto superada por primera vez en su historia la barrera de los 27.000 habitantes, experimentando así un crecimiento de población del 17% en los últimos seis años. La importante presencia de inmigrantes, actualmente están censados 3.839 extranjeros, y el crecimiento económico que ha experimentado el municipio, son según el alcalde de Inca, Pere Rotger, los principales motivos que han provocado este crecimiento. Desde el Ajuntament prevén que la ciudad siga creciendo y calculan que a final de año la población se sitúe en torno a los 28.000 habitantes, de los cuales 4.500 serán inmigrantes. En este sentido, Rotger ha destacado que el tema de la inmigración es un problema que afecta a toda Europa y «tiene su parte positiva y negativa».
«Es positivo porque nos garantiza por un lado, que haya más afiliaciones a la seguridad social y por tanto garantiza las pensiones y por otro, que nuestro sector productivo siga teniendo mano de obra». La precaria situación en la que llegan muchas familias inmigrantes, sin trabajo y la necesidad de ofrecerles servicios básicos como sanidad o vivienda «una situación en la que se encuentran también algunas familias inqueras, sería la cara más negativa de esta problemática», destaca Rotger. El alcalde ha destacado el deseo del equipo de gobierno «de que la ciudad crezca pero de una manera sostenible y así lo hemos plasmado en el Plan General de Ordenación Urbana donde situamos el techo poblacional en 35.000 habitantes para los próximos 10-15 años, porque no queremos convertir Inca en una gran urbe, sino en una ciudad equilibrada, que ofrezca servicios y calidad de vida a los ciudadanos».
La apertura del hospital, las nuevas conexiones por carretera y la puesta en marcha de un tercer polígono convertirán a la ciudad de Inca, según Rotger «en una situación estratégica en la Isla y en un punto de referencia comercial para toda Mallorca». Los grupos del PP, PSOE, PSM y UM de Inca presentarán en pleno una moción conjunta en la que instan al Gobierno central a que modifique la ley de extranjería. Solicitan que «se ponga fin a la discriminación legal que padecen algunos hijos de inmigrantes a la hora de incorporarse a un puesto de trabajo». Uno de los problemas detectados es que hay jóvenes que a pesar de que llevan muchos años residiendo en Inca, algunos incluso han nacido en la ciudad, y han completado su educación obligatoria, se encuentran que no pueden acceder a un empleo por no tener permiso de trabajo. Para trabajar, primero necesitan una oferta y luego tramitar el permiso. Los grupos políticos consideran que «estos jóvenes no tienen las mismas oportunidades de futuro que el resto de compañeros».