El Govern de les Illes tiene intención de reclamar indemnizaciones por la vía judicial tras el accidente del ferrocarril de Manacor el pasado mes de marzo. El descarrilamiento del tren por los desprendimientos de un talud en Son Tei provocó la apertura de una investigación judicial, en la que la Conselleria d'Obres Públiques ejercerá de acusación de particular. Mabel Cabrer, titular de esta cartera, indicó ayer a este diario que el Govern tiene derecho a indemnizaciones por los gastos que está ocasionando el accidente a la Comunitat y que será el juez el que determine si la responsabilidad es de la empresa constructora (la UTE integrada por Mascaró, Comsa e Isolutx) o la dirección externa de la obra a cargo de Elsamex, que ahora no se ponen de acuerdo.
Cabrer insistió en que no tuvo conocimiento de que la obra era provisional hasta después del accidente, sin embargo admitió que en una reunión entre representantes de SFM y de la constructora el 16 septiembre de 2003, cuando ya había tomado posesión del cargo, se trató la trinchera de Son Tei. El acta de la reunión decía textualmente: «Limpiar parte del gunitado caído sobre las cunetas y repasar los tubos de desagüe del gunitado, algunos de ellos taponados; repasar el camino de la margen derecha al verse afectado cuando se limpiaron las cunetas». No se hacía referencia a un peligro inminente, pero sí se exigía un seguimiento de la obra. En otra reunión, en diciembre, entre las mismas partes, ya no se hacía referencia a estos trabajos.
El caso es que al producirse el descarrilamiento, la obra todavía se encontraba en periodo de garantía, pero la constructora no se ha hecho cargo de los desperfectos. La consellera d'Obres Públiques justificó esta situación argumentando que «el tema es complicado. La constructora mantiene que ha ejecutado el proyecto y que no se le puede obligar a hacer algo que no está en el proyecto. Si está bien hecho o no, lo dirán los jueces». Las obras que se prologarán hasta el mes se septiembre, se adjudicaron por la vía de emergencia a la empresa Llull Sastre. El accidente supondrá un desembolso importante por parte del Govern. El arreglo del tren costará 600.000 euros, al que hay que añadir el coste de las obras y el pago de la subvención a Aumasa por los autobuses. Cabrer descartó que entre los objetivos del Govern se encuentre cerrar la línea o esperar a que llegue material móvil nuevo para poner en marcha la línea. «Los nuevos trenes llegarán en enero de 2005 y el tren comenzará a funcionar en septiembre».