El ex regidor del PP, Francesc Garí, y el que fue presidente de la disuelta junta local popular, Bartomeu Galmés, explicaron la noche del pasado jueves ante unas 40 personas los motivos del paso al grupo mixto del primero y la baja del partido del segundo. Entre otras cosas, los dos dirigentes no dudaron en atribuir la situación al afán de Garí de «poner orden en el Ajuntament. Era algo que estaba claro -en el PP- incluso antes de las elecciones pero cuando llegó la hora de la verdad no se hizo». En este sentido atribuyeron gran parte de culpa al secretario municipal, Joan Burguera, quien «manda más que el alcalde en el Ajuntament». De hecho, según explicaron en la cita, el secretario general del PP, José María Rodríguez, les aseguró que mandaría al Ajuntament un asesor jurídico porque «el secretario no funciona -dijo Rodríguez literalmente- y porque sabíamos que para poner orden él no nos ayudaría». Garí informó en la reunión que «lo único que quería yo era transparencia en el Ajuntament y que las cosas se hicieran bien y con criterio».
Pero no se dio el paso y el citado asesor no llegó. Ante esta situación, Garí añade que «poco después de tomar posesión del cargo de regidor recibimos una carta del secretario con el código penal en el que había subrayado las cosas que podíamos o no hacer: Era una amenaza en toda regla». Lejos de amilanarse, el regidor comenzó a solicitar información y una de ellas, las nóminas del personal, no gustaron en el Ajuntament. «Comenzaron a poner a los funcionarios en mi contra y no me facilitaban la información, yo no quería quitar nada a los trabajadores del Ajuntament pero que tampoco tuvieran algo que no les corresponde», aclara Garí.
Con esta situación enrarecida, llegaron los presupuestos en diciembre y se desencadenaron los acontecimientos. Con una deuda de 1.350.000 euros, el equipo de gobierno PP-UM decidió refinanciar la deuda y comenzar a pagarla dentro de 4 años. Pero Garí y la mayoría de la junta local no apoyaron los presupuestos que, según Galmés, «no estaban consensuados» y en el acta de la junta consta que «no se podían aprobar». Entre otras cosas Garí quería que se comenzara a pagar la deuda buscando otras vías de ingresos. Pero los presupuestos se aprobaron con su voto en contra. En la reunión Garí y Galmés dijeron que «la deuda está en su tope, en 2007 el pueblo estará hipotecado y no podremos pedir ni un duro a causa de la mala gestión y el despilfarro».