La polémica sobre la concesión de licencias a nueve proyectos de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable en el Caló den Rafalino y sa Gruta en Manacor ha sido trasladado a los juzgados. En el pleno celebrado el lunes en el Ajuntament, el alcalde Antoni Pastor dio cuenta de la presentación anteayer ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de un conjunto de alegaciones contra el acuerdo del Consell de autorizar los proyectos de construcción de viviendas entre Cala Morlanda y Cala Petita. El primer edil mantiene que la actuación del Consell «no se ajusta a la legalidad» y ahora, es el tribunal el que debe de dictar la resolución, declarando la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia y que, además, fije la indemnización que procede a costa de la administración demandada (Consell Insular)».
Las alegaciones presentadas ante el TSJB por parte del Ajuntament de Manacor tuvieron inicialmente vocación de consenso. Para que así fuera, el alcalde Pastor presentó a los grupos municipales una propuesta de Alcaldía para ratificar la actuación ante el tribunal. «Creo que debemos estar todos de acuerdo en cumplir las DOT y salvar de la edificación la franja de 500 metros, y, además, que la responsabilidad patrimonial que se derive del cumplimiento de esta sentencia debe recaer en la administración responsable de esta actuación, es decir, sobre el Consell y no sobre el Ajuntament», explicó. La falta de tiempo hizo que la moción quedara prorrogada para el próximo pleno. ALM-UM reprochó que «si alguien debe pagar indemnizaciones es el Govern por haber aprobado las DOT, que hacen inviable otorgar las licencias», manifestó Miquel Àngel Grimalt.
Las obras de construcción y ampliación de los aparcamientos del paseo de Na Camel·la en Manacor fueron la polémica en el pleno de lunes. Resulta que ahora el actual equipo de gobierno tiene que hacer frente a unas facturas referentes a la actuación en Na Camel·la que no estaban presupuestadas inicialmente. Un reconocimiento extrajudicial de crédito que sube a los 467.739,16 cuando el presupuesto inicial era de 1.147.967,76 euros. El PSOE fue el grupo municipal que más criticó el nuevo gasto, mientras que el ex alcalde Miquel Riera (ALM-UM), responsable de las obras de Na Camel·la en la anterior legislatura, esclareció que «con el cambio de árboles se tuvo que reforzar los cimientos ya que requerían más tierra». Finalmente el PSOE votó en contra, el PSM se abstuvo y el partido del ex alcalde Riera votó a favor, en la línea del equipo de gobierno. Por otra parte, en el pleno se estuvo más de 40 minutos discutiendo una propuesta de Alcaldía sobre adhesión a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía. La oposición criticó la propuesta porque «sólo sirve para malgastar tiempo y no llegar a los ruegos y preguntas».