Todos los ciudadanos tienen derecho al suministro de energía eléctrica. Bajo esta premisa, el grupo parlamentario socialista insta al Govern de les Illes a defender el derecho de los ciudadanos de Artà y Capdepera a poder disponer de nuevos contadores de luz y obligar a la empresa distribuidora, GESA-ENDESA, a suministrarles corriente de una «manera inmediata», siempre que sea «respetuosa con el medio ambiente».
Esta proposición no de ley que los parlamentarios socialistas presentarán en el Parlament pretende defender los intereses de cientos de ciudadanos de los municipios de Artà y Capdepera que padecen las consecuencias de que GESA ahora «se haya plantado y no quiera conceder nuevas conexiones a estos usuarios». El motivo de tal congelación es el coste de la operación. Para ampliar el suministro eléctrico de la zona, GESA necesita generar más corriente con una linea de alta tensión y pretenden que ésta sea aérea, de acuerdo con la normativa autonómica actual.
Por contra, los Ayuntamientos de Artà y Capdepera, y en función de sus normas urbanísticas prevén que la línea sea soterrada. Mientras, un litigio enfrenta ambas administraciones locales y GESA. «Los tribunales resolverán el caso, pero mientras no dicten sentencia, los ciudadanos son los que directamente sufren las consecuencias al no poder conseguir la cédula de habitabilidad para sus viviendas, ni ampliar la potencia eléctrica de sus empresas», coincidieron en recordar los regidores del PSOE en los ayuntamientos de Artà, Josep Silva y de Capdepera, Fernando Peñalver.