El Ajuntament de Pollença tendrá que hacer frente al pago de cantidades millonarias a los propietarios de los terrenos incluidos en la zona húmeda de la Gola que hasta 1990 podían construir en sus fincas, que fueron recalificadas entonces como zona verde privada y que ahora reclaman que se les expropie o bien que les permitan construir. También piden que se les expropie o bien que se les permita construir, los propietarios de las fincas de otras zonas sensibles como los alrededores del Calvari, entre otras.
Ya existen cuatro sentencias del Tribunal Provincial de Expropiaciones favorables a los titulares de los terrenos y que obligan al Ajuntament a expropiar sus fincas por valor de 1.244.437 euros (206 millones de las antiguas pesetas), si bien tres de ellas han sido recurridas por una u otra parte al no considerar justo el precio del suelo. El actual alcalde, Joan Cerdà, no descarta que haya nuevas reclamaciones y de hecho confirma que «otros dos propietarios ya nos han apremiado para que solucionemos el problema antes de dos años». Sólo la zona verde privada de la Gola tiene más de 7.000 metros cuadrados.
Los propietarios de los terrenos basan sus reclamaciones ante el Tribunal de Expropiaciones en que han transcurrido más de ocho años desde que el PSOE aprobara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pollença que calificaba sus terrenos como zona verde y que debía desarrollarse antes de 1999 y todavía no han sido indemnizados por ello.