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Manacor

Los propietarios de Majórica se plantean levantar la suspensión de pagos en junio

El presidente del grupo inversor, Rafael Español, se reunió ayer con los tres comités de empresa

La de ayer fue la primera visita oficial de Español a Majórica desde su compra.

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La empresa de perlas Majórica podría presentar el levantamiento de la suspensión de pagos el próximo mes de junio, después de que los anteriores propietarios la declararon en suspensión el pasado mes de marzo de 2002. Este extremo fue confirmado ayer por el director general de la sociedad propietaria de Majórica, Line Invest XXI, Alfred Coco, que se trasladó hasta el centro de producción en Manacor, acompañado por el máximo cargo del grupo empresarial catalán, Rafael Español, y el subdirector, Josep Sardà. Los tres empresarios mantuvieron una reunión con los presidentes de los comités de empresa de los tres centros de trabajo de Majórica, José Luis Fernández, María Fullana e Isabel Durán, respectivamente.

El levantamiento de la suspensión de pagos está condicionado a dos factores esenciales. Según Coco, «el banco BCH, con el que tenemos contraída la deuda, tiene que condonarla y, por su parte, el Govern de les Illes Balears, tiene que concretar las ayudas que nos va a conceder para el reflotamiento de la empresa». Al respeto, el director general se ha referido a que el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a que en el plazo de una semana anunciará las posibles ayudas, en el caso de que finalmente las acabe concediendo. No obstante, Coco no especificó la cantidad económica de las ayudas del Govern.

El director general también se refirió a que el próximo día 19 de mayo está previsto que «presentaremos ante el juzgado el convenio con los acreedores». Sobre el anuncio de la presentación de un nuevo plan de viabilidad de la empresa Majórica, Alfred Coco explicó que «continuamos trabajando en el documento y falta ultimar algunos puntos, ya que aún puede tener modificaciones». Coco rehusó hablar de la nueva propuesta de regulación de trabajo que el conseller de Treball anunció la semana pasada. Una regulación que afectaría a unos 150 trabajadores de los centros de trabajo.

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