El PSOE denunciará esta semana en el juzgado de Inca las presuntas irregularidades cometidas en la admisión de reclamaciones de ciudadanos al censo electoral de Santa Margalida durante el periodo de exposición pública. Unió Mallorquina hizo lo propio el pasado miércoles. La oposición denuncia que el Ajuntament de la Vila ha admitido reclamaciones de ciudadanos para ser incluidos en el censo electoral municipal sin estar presente el funcionario Guillermo Crespí, único con autoridad legal para realizar estos trámites y pedirán al juzgado que investigue qué personas han autorizado las reclamaciones y quiénes las han tramitado.
Los regidores de Unió Mallorquina, Joan Monjo y Jaume Ribot, aseguran que «algunas de las reclamaciones fueron tramitadas por el funcionario de la Policía Local Antonio Mayol, padre de una candidata del Partido Popular y que para realizar el procedimiento utilizaba un listado del censo fuera de las oficinas municipales», algo prohibido explícitamente por ley. Otras reclamaciones fueron tramitadas, según los nacionalistas, por un funcionario de las oficinas de Can Picafort.Desde el Ajuntament, el alcalde Antoni del Olmo explicó que «después de saber que había reclamaciones que no habían sido firmadas ante el funcionario responsable se consultó con la oficina del censo y decidimos enviarles dos listados diferenciados para que ellos decidan qué reclamaciones deben ser admitidas». El portavoz del PSOE, Miquel Cifre, registró el pasado 28 de abril un escrito en el Ajuntament advirtiendo de estas presuntas irregularidades y socilitando información detallada de las mismas que a fecha de ayer no había recibido. Por ese motivo, tiene previsto trasladar entre hoy y mañana los hechos al juzgado.