El fiscal Adrián Salazar mantuvo ayer su propuesta de cinco años de prisión para el dueño de la finca de Cas Biscai, en sa Pobla, que está acusado de un delito contra el medio ambiente. Esta persona arrojó residuos sólidos y tierra en una zona húmeda de su finca, que estaba incluida en la zona de protección de s'Albufera, para tapar un vertedero de basuras que había en su propiedad. El fiscal considera que con esta acción el acusado provocó un delito ecológico, puesto que esta área que cubrió se desecó y provocó la destrucción de la flora y vegetación de la zona.
En la sesión de ayer declaró un perito, presentado por el abogado defensor, Eduardo Valdivia, quien explicó que esta finca, en un principio, no formaba parte de s'Albufera, pero que en el siglo XIX se amplió la zona para el cultivo de arroz y cañas. El ingeniero consideró que, desde su punto de vista, el acusado no había cometido ningún daño al medio ambiente. Sin embargo, reconoció que él no hubiera arrojado escombros ni tierra sobre esta zona porque la finca forma parte del área protegida por la Ley de Espacios Naturales, que impide cualquier modificación sin autorización. El fiscal considera que lo más adecuado hubiera sido, en vez de arrojar escombros, limpiar el vertedero.