El GOB remitió ayer un escrito a varios ayuntamientos de la Isla gobernados por partidos progresistas solicitando ayuda económica para pagar la sanción de 11.697 euros que les ha impuesto la Delegación del Gobierno por paralizar hace un año la regeneración artificial de la playa de Can Picafort. Delegación de Gobierno ha dado un plazo de 30 días a los 12 manifestantes del grupo ecologista que han sido multados, para pagar la multa antes de que les sean embargados sus bienes.
Antoni Muñoz, del GOB, confirmó ayer que «se ha realizado una preselección de ayuntamientos que desde un primer momento se han mostrado contrarios a este sistema de regeneración artificial, como Banyalbufar, y se les ha pedido colaboración». «En principio, hemos recurrido a los ayuntamientos gobernados por partidos progresistas y obviamente no nos hemos dirigido a los ayuntamientos de Santa Margalida o Muro, que ya han dejado clara su postura», agregó.
Los ecologistas también se han dirigido a los distintos partidos políticos de Balears y a las principales asociaciones, aunque de momento sólo han obtenido respuesta del PSM, que a través de un comunicado confirmó ayer tarde su apoyo al GOB en esta causa. El PSM participará en la recogida de fondos para hacer frente al pago de la sanción.
El GOB también ha abierto una suscripción popular para poder hacer frente al pago de la multa que la Delegación del Gobierno ha impuesto a título personal a cada uno de los manifestantes que día 25 de abril de 2002 interrumpieron durante unas horas los trabajos de regeneración que el Ministerio de Medio Ambiente realizaba en Can Picafort.