El «caso Maquiavelo», el desarrollo de una estrategia electoral por parte del equipo de gobierno socialista en Calvià, redactada por una consultora, financiada supuestamente con fondos públicos, obligó ayer a la alcaldesa de ese municipio, Margarita Nájera, a comparecer de nuevo ante una jueza. Durante dos horas, Nájera, que está imputada en otras tres causas, respondió a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma y del abogado del PP, Luis Rodríguez Ramos.
El letrado de los populares declaró al final de la vista oral que Nájera había intentado «justificar» ante la jueza la existencia de los 17 expedientes por un valor total de 270 millones de pesetas (1.600.000 euros, aproximadamente), que el Consistorio pagó entre los años 1987 y 2000 a la consultora Estrategia Local. «Esos contratos de servicios, asistencia técnica y asesoramiento no tenían contenido o sólo eran válidos para el PSOE de Calvià», dijo. Todo ello supone un delito de «malversación continuada», subrayó.
La querella presentada contra Nájera incluye, además del presunto delito de malversación de caudales públicos, los de presunta prevaricación y falsedad documental. Por su parte, Nájera manifestó a los medios de comunicación que había aportado toda la documentación referente al caso desde el año 1987 y reiteró que las querellas presentadas por los populares «persiguen el escándalo y forman parte de la estrategia política del PP en el municipio». «No existe, en modo alguno, un delito de malversación de fondos públicos», precisó Nájera. «Todo esto obedece a un montaje del Partido Popular; como lo tienen mal, necesitan buscar toda clase líos judiciales que de alguna manera ponga en cuestión la dignidad y el buen trabajo de la gente de Calvià», señaló. Según la alcaldesa, «en la vista de hoy (por ayer) queda absolutamente claro que detrás hay un excelente trabajo de diseño, análisis y propuestas, de proyectos y programas».