El director general de Coordinació Turística del Govern, Jaume Garau, negó ayer todas las acusaciones realizadas por el alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo, sobre un presunto desajuste en las cifras de compra-venta de los apartamentos de na Borges en Son Serra de Marina.
Del Olmo aseguró el lunes que en una reunión celebrada en la Conselleria de Turisme con Jaume Garau y con el propietario de los apartamentos de na Borges, este último habló de vender la finca por 800.000 euros menos de los que finalmente pagó el Govern.
Jaume Garau dijo ayer: «Lo que dice el alcalde es falso en todos sus términos y él sabrá porqué lo ha hecho».
Garau no quiso entrar en detalles sobre si en aquella reunión se habló o no de cifras y se limitó a afirmar que «lo que dice el alcalde es falso».
Sobre la posibilidad revelada por un regidor de UM de que 800 metros cuadrados de los 3.900 que tiene la finca sean de titularidad municipal, Garau señaló: «Reiteramos que la valoración de los solares se ha hecho con la documentación enviada oficialmente por Ajuntament y por Costas».
El Govern todavía espera que el Ajuntament documente la certificación que envió a la Conselleria de Turisme y sobre la que se basó la valoración de la finca. «De momento, el Ajuntament no ha enviado nada, seguimos a la espera e insistiremos», dijo Garau.
Acerca de la creación de una comisión de investigación para aclarar la actuación del Ajuntament la Vila Garau dijo: «Es un tema municipal, aunque me parece bien que se abra y se aclare todo lo que haya que aclarar».
La abstención de los dos regidores de UM, Joan Monjo y Jaume Ribot, no permitió que prosperara la moción de urgencia presentada por el PSOE en el último pleno en la cual se pedía que la sanción impuesta al GOB por la Delegación del Gobierno por la protesta contra la regeneración artificial de la playa de Can Picafort sea asumida por las arcas municipales. Esta es la segunda ocasión en la que la abstención de UM impide que se apruebe esta moción que cuenta con el visto bueno del concejal disidente de CPU, Joan Canet.
Durante el debate de la última sesión plenaria, el regidor Jaume Ribot (UM) argumentó: «Dudamos de la legalidad de que el Ajuntament pueda asumir esta sanción impuesta a otro grupo».