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Calvià

Nájera se contradice al declarar por un posible delito de prevaricación urbanística

El PP la acusa de conceder una licencia en contra del PGOU para ampliar un parque acuático

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La alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, tuvo que acudir de nuevo ayer por la mañana a los Juzgados de Palma, donde se instruyen cuatro causas en su contra, denunciadas por el Partido Popular. En esta ocasión tenía que declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, por un presunto delito de prevaricación urbanística. La denuncia del PP indica que el Ajuntament de Calvià concedió una licencia en febrero de 2002 para ampliar las instalaciones del complejo Calvià Parc (antiguo El Dorado), que no podía ser aprobada según el Plan General de Ordenación Urbana.

Nájera afirmó antes de entrevistarse con el juez que no venía a declarar sino «a decir la verdad sobre las cosas». A su vez, volvió a acusar al PP de Calvià de carecer de proyecto político y a su líder, Carlos Delgado, de «hacer de abogado, que es lo único que sabe hacer». Nájera estuvo declarando ante el juez durante más de dos horas y luego se marchó con rapidez de los Juzgados.

El PGOU que rige el urbanismo de Calvià desde julio de 2000 califica como suelo urbano residencial familiar los terrenos donde se hizo la ampliación del parque con la construcción de toboganes, taquillas, una nave prefabricada y aseos, entre otros. La denuncia recoge que estas instalaciones, de unos 18.000 metros cuadrados, son de uso recreativo-turístico, por lo que la licencia jamás debía haber sido aprobada.

El abogado del PP, Luis Rodríguez Ramos, que estuvo presente en la declaración de Nájera, aseguró que la alcaldesa «ha incurrido en bastantes contradicciones». Ramos indicó que «Nájera lo ha negado absolutamente todo y ha dicho que ella no firmaba las licencias de obra ni iba a las comisiones de gobierno, sino que lo tiene todo absolutamente delegado en otras personas. Ha dicho que esta licencia no la firmó ella y la desconocía».

El letrado explicó que no es verdad que no firmase licencias de obras porque firmó en enero de 1999 la de la casa que construyó su ex marido en un solar de Santa Ponça, cuya operación de compra-venta también se está investigando.

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