El Ajuntament de Manacor se ve obligado a indemnizar con casi 1,8 millones de euros (unos 300 millones de pesetas) al propietario de un solar de casi 10.000 m que fue expropiado en 1996 con la construcción del passeig Ferrocarril. El conflicto se originó porque entre propietarios y Ajuntament no alcanzaron un acuerdo sobre el precio de los terrenos, por lo cual, el tema se llevó al Tribunal de Justiprecio y terminó en el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB), cuya sentencia del juez dictamina que el Consistorio manacorí deberá pagar 1.350.000 euros más 396.000 euros en concepto de intereses. Con esta resolución, el Ajuntament ha llegado a un acuerdo con los propietarios para poder pagar esta cantidad que asciende a un total de 1.746.000 euros en cinco fracciones anuales más los intereses.
Este acuerdo se aprobó en la sesión plenaria ordinaria celebrada anteayer por la noche por unanimidad de todos los grupos, aunque el PSOE fue muy crítico con el equipo de gobierno y denunció que «se ha pagado una cantidad exagerada por los terrenos», manifestó el socialista Antoni Mestre, quien agregó que «esto puede servir de precedente para cualquier vecino al que le expropien».
Mestre denunció «la mala gestión» de la delegada de Urbanismo, Catalina Sureda, porque «no ha sabido dialogar y acordar con los propietarios un precio menor. El Ajuntament estará endeudado durante cinco años». Catalina Sureda (PP) alegó que «los terrenos están muy bien situados y además cuenta con un molino harinero que está protegido y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y otras edificaciones que serán beneficiosas para el pueblo y donde se podrá construir un palacio de congresos».