Los edificios comprendidos en el interior del recinto amurallado de Alcúdia gozarán, a partir del jueves, de un mayor grado de protección. Sus propietarios podrán acceder, a cambio, a un mayor número de ayudas económicas para su rehabilitación y mantenimiento. Los edificios catalogados estarán exentos, por ejemplo, del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El pleno municipal ordinario del próximo jueves 9 de enero debatirá, tras quince años de tramitaciones, el Plan Especial de Protección del centro histórico. Equipo de gobierno (PSOE-UM) y oposición (PP-Grupo mixto) han mantenido distintas reuniones en los últimos meses para intentar alcanzar un consenso a la hora de proteger el casco antiguo de la ciudad.
«El nuevo planeamiento específico intramurallas convertirá en obligatorias las normas de rehabilitación que ahora se siguen por pura convicción», dijo el regidor de Urbanismo, Miquel Ferrer (UM). Y es precisamente en esa obligatoriedad en la que discrepa el Partido Popular, cuyo portavoz aún no estaba convencido a día de ayer de la viabilidad de la normativa. «Es un tema difícil, creo que hay que ver la evolución histórica y en los últimos quince años el casco antiguo de Alcúdia no se ha degradado sino todo lo contrario», dijo Miquel Ramis.
El nuevo texto prevé la peatonalización total del casco urbano y salvo excepciones prohíbe aumentar alturas y la edificación de los patios. Se anuncia, además, la elaboración de un plan especial de usos que definirá en breve cuáles serán las zonas de la ciudad destinadas a uso comercial y cuáles a vivienda. El plan especial marca, además, una tendencia a recuperar el Camí de Ronda, que rodea la muralla y que ya ha sido recuperado parcialmente.