El Consell de Mallorca ha subrogado las competencias urbanísticas de los ayuntamientos de Montuïri y Algaida en la tramitación de un expediente de infracción urbanística contra la entidad Yacht Hidrauluc Mallorca SA por la realización de unas obras en Son Canals que no se ajustan a licencia. El Consell ha actuado ante la denuncia de un particular, una vez hecha la inspección, comprobada la irregularidad y dado que los ayuntamientos no han abierto el expediente pertinente. Las parcelas están situadas entre los dos términos y el promotor tiene simplemente una licencia otorgada por el Ajuntament de Montuïri para hacer una nave almacén cuando lo que hay construido al menos en un 80% son tres casas, dos piscinas y pista de tenis, entre otras edificaciones.
El director insular de Urbanisme, Miquel Àngel Grimalt, explica que «recibimos una denuncia de un particular. Entonces los técnicos realizaron tres inspecciones y comprobaron que la licencia que se había dado por Montuïri no coincidía en absoluto con lo que se esta llevando a cabo. Externamente, no parecía un almacén sino que da la impresión que está destinado a alojar personas. Se trata de parcelas de un mismo propietario y desde el Consell, visto que los ayuntamientos no han abierto expediente, hemos tenido que subrogar las competencias ya que las obras que se estaban haciendo no coincidían con las autorizadas. Así concluye el informe de los inspectores añadiendo que por la apariencia de las obras llevadas podría tratarse de una instalación de tipo turístico». Desde el organismo insular se informó de que los dos ayuntamientos han preferido que sea esta institución la que actúe y realice las oportunas diligencias. Las obras están ejecutadas ya en un 80%.«Como consecuencia de todo ello se ha ordenado la suspensión inmediata de las obras y se da un plazo de dos meses para que si las obras son legalizables, el promotor presente licencia. De lo contrario, desde Consell se abrirá el pertinente expediente de demolición o reconstrucción de las obras a su cargo con las correspondientes sanciones económicas que pueden ir de un 50 a un 200%», añadió el director insular de Urbanisme. El Consell no ha podido notificar al propietario la abertura del expediente y, por ello, lo ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Los dos meses dados para legalizar la situación se cuentan desde la publicación el pasado día 19 de diciembre. Tanto los alcaldes de Montuïri, Gabriel Matas (PP), como el de Algaida (PSOE) indicaron Ultima Hora que no habían abierto expediente y que habían dejado el tema en manos del Consell. «Preferimos que una administración superior sea la que resuelva si hay o no infracción».